Amenazas en Cauca: disidencias de las Farc estarían planeando una ofensiva contra la fuerza pública movilizando a civiles

Las tensiones en Cauca comienzan a escalar nuevamente, esta vez por una posible ofensiva que, según fuentes militares informaron a Infobae Colombia, estaría siendo orquestada contra la fuerza pública como represalia por las capturas relacionadas con los 57 soldados secuestrados. La advertencia va más allá del despliegue de armas o explosivos: estructuras disidentes estarían presionando a las comunidades para movilizarse y actuar como escudos humanos, una estrategia que ya fue utilizada antes para dificultar la acción militar y desviar la atención pública.

La alerta surgió días después del operativo que permitió rescatar a 57 uniformados en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, que permanecieron retenidos por más de 50 horas en un polideportivo. Durante ese procedimiento, tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional capturaron a 16 personas en la vereda La Fonda, zona rural de El Tambo; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ordenó su liberación inmediata al declararse ilegal el proceso de aprehensión, argumentando que no se encontraron pruebas suficientes que demostraran flagrancia.

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Según información de inteligencia, la reacción de los cabecillas no se hizo esperar y habrían comenzado a movilizarse nuevas instrucciones entre miembros de la compañía “Fray León”, una célula armada de la estructura Carlos Patiño, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Esta facción, afirman mandos militares, “estaría planeando nuevamente usar a civiles como protesta y hacer el ataque a la fuerza pública”. La intención, explican, sería generar una presión simultánea en distintos puntos del suroccidente caucano, dificultando la respuesta institucional y generando caos en los corredores rurales.

Habitantes de varias veredas comenzaron a recibir amenazas directas si no se suman a estas movilizaciones. La misma compañía de alias Fray León estableció sanciones económicas de hasta 500.000 pesos diarios para quienes se nieguen a colaborar, y además estaría exigiendo jornadas de trabajo forzado en apoyo a las operaciones del grupo armado. Estas prácticas coercitivas podrían provocar desplazamientos silenciosos y temor entre la población, que se ve obligada a tomar decisiones extremas ante la falta de garantías.

El cabecilla de esta compañía es identificado como una figura central en la actual escalada de violencia. En marzo de 2025, fue vinculado a un ataque con explosivos en el sector Piedra Sentada, en el municipio de Patía, donde una motocicleta bomba causó la muerte de un soldado profesional y dejó varios heridos.

Además de sus acciones armadas, desarrolló una táctica de presencia social, ya que participó en eventos comunitarios, como la inauguración de un puente entre El Tambo y Patía, con el fin de consolidar su legitimidad entre la población local.

También se sabe que, hasta marzo, se había ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que facilitara su captura, según un informe de IFM Noticias, debido a la gravedad de los atentados y los crímenes que se le atribuyen.

A pesar del despliegue militar y los esfuerzos por garantizar el orden constitucional, la situación sigue siendo delicada. Tropas en terreno han comenzado a identificar patrones similares a los de protestas anteriores, donde civiles fueron usados como cobertura para ataques planificados.

Actualmente, la fuerza pública se mantiene en alerta debido a las amenazas recibidas, ya que el secuestro de los soldados podría ser solo uno de los múltiples ataques que se planean. A pesar de que los ministerios del Interior y de Defensa señalaron que están supervisando de cerca a los grupos criminales que operan en la zona como parte de las acciones de aseguramiento tras la operación Justicia, llevada a cabo para liberar a los soldados, las amenazas siguen siendo inminentes.