El anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente en el país, que incluso ya tiene fecha prevista para que los colombianos decidan si quieren convocar o no a este cuerpo colegiado, continúa causando fuertes reacciones en el espectro político. Lo anterior, porque pese a que el mandatario derogó el Decreto 0639 de 2025, con el que quería convocar una consulta popular, insiste en este mecanismo excepcional.
Frente a este escenario han surgido voces de alerta desde la oposición, como la de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, que aseguró que esta movilización política busca reformar la Constitución de 1991, pese a que Petro insiste en que esa no es su intención. Y abriría la puerta, entre otros, a cambios sustanciales como una eventual reelección presidencial, posibilidad que fue cerrada por el Congreso en 2018.
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El anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de que la decisión de los colombianos sobre si quieren convocar una constituyente se haría en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, sin duda encendió las alertas. Y todo porque podría ser entendido como un plan para alterar la agenda institucional en el país, que se apresta para conocer a su nuevo presidente, en unos comicios que también se harán en el primer semestre del año entrante.
“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, afirmó Montealegre, que contradijo con ello las múltiples ocasiones en que Petro ha expresado que su deseo no es tocar la Carta Magna que rige desde hace 34 años.
Paloma Valencia y su fuerte reacción a la idea de constituyente de Gustavo Petro
Valencia, en diálogo con distintos medios, afirmó que la convocatoria planteada por el Gobierno es abiertamente inconstitucional. Para la congresista, la única vía legal para una asamblea constituyente está claramente establecida en la Constitución vigente, y requiere la aprobación de una ley en el Congreso, revisión por parte de la Corte Constitucional y el cumplimiento de un umbral específico de participación ciudadana.
“La asamblea nacional constituyente que está proponiendo el ministro y el presidente son abiertamente inconstitucionales e ilegales, porque la Constitución del 91 tiene un camino claro sobre cómo se puede hacer una constituyente. De manera que aquí que los colombianos no se lleven a equívocos”, indicó la senadora de oposición, que se plantó en su respuesta frente a lo que desde Palacio estarían fraguando de cara al escenario electoral del año próximo.
La senadora, además, enfatizó en el peligro que supone para el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática el impulso de un proceso constituyente que prescinda del trámite legislativo y judicial. “Esta es una nueva manera del Gobierno de atacar el Estado de derecho, de querer romper los límites y contrapesos, porque es que las constituyentes tienen que pasar por el Congreso y no se pueden brincar el Congreso hacia el Gobierno no le guste”, agregó.
Pese a la contundencia de sus señalamientos, Valencia expresó confianza en que las instituciones, especialmente las altas cortes, y la sociedad colombiana defenderán la carta política de 1991. “Yo creo que eso es imposible, porque estoy segura de que todas las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91, como lo haremos los colombianos que vamos a estar unidos y firmes”, puntualizó Valencia, que aspira a llegar al primer cargo de la nación.
El trasfondo inmediato de la propuesta presidencial fue la aprobación de la reforma laboral, un hecho que el propio Petro utilizó como antesala del anuncio constituyente. “Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que los próximos Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho”, aseveró el jefe de Estado.
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