La incertidumbre jurídica y el deterioro de la seguridad en las zonas rurales no solo afectan la vida diaria de los campesinos, también comienzan a minar la capacidad productiva del país. Esa fue la alerta que se escuchó con fuerza en la quincuagésima asamblea de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Colombia (Procaña), celebrada en Cali.
Durante el evento, representantes del sector agroindustrial, congresistas, analistas y empresarios coincidieron en que el agro colombiano atraviesa un momento crítico. Más allá de los retos económicos, lo que más preocupa hoy es el miedo que enfrentan quienes trabajan la tierra, y la falta de reglas claras para hacerlo.
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“Las normas cambian cada mañana, y eso genera pánico entre los productores”, expresaron el representante Christian Garcés Aljure y el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Ambos insistieron en la necesidad de estabilizar el marco regulatorio, especialmente en lo que respecta al uso y tenencia de tierras. La volatilidad jurídica, sumada a la violencia, hizo que muchos piensen dos veces antes de invertir en el campo.
Uno de los paneles centrales, titulado Seguridad física y jurídica, sirvió para poner sobre la mesa estas preocupaciones. Moderado por el abogado y periodista Juan Lozano, el espacio abrió una discusión directa sobre la fragilidad de las condiciones actuales para la actividad agrícola, en especial en regiones como el Valle del Cauca y el Cauca.
Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña, fue contundente en su intervención: “Nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre”. Y añadió que hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, sumados a la escalada de violencia en el suroccidente, “han reabierto heridas profundas y han generado una sensación de inseguridad que pone en riesgo al campesinado”.
Para Betancourt, la estrategia gubernamental de Paz Total tiene un efecto contrario al esperado. En lugar de pacificar, permitió el fortalecimiento de actores armados ilegales que hoy restringen la movilidad en zonas rurales, extorsionan y amenazan a quienes dependen del agro. “La Paz Total ha sido un fracaso para el campo”, afirmó. Según cifras compartidas por Procaña, ya se radicaron más de 700 denuncias ante la Fiscalía General, sin que se hayan producido capturas o condenas.
Además del panorama de inseguridad, los productores se sienten asfixiados por una sobrecarga normativa que, aseguran, no responde a las verdaderas necesidades del sector. “La política agraria se ha centrado exclusivamente en la propiedad de la tierra, descuidando lo verdaderamente fundamental, el desarrollo rural integral”, sostuvo Betancourt.
En la lista de demandas, resaltan la necesidad de asistencia técnica continua, acceso efectivo al crédito y canales eficientes de comercialización para los productos del campo. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), fue claro al afirmar que sin condiciones mínimas para trabajar, la cadena alimentaria del país está en peligro: “Sin seguridad jurídica y sin seguridad física, no hay seguridad alimentaria”.
Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la intervención de la congresista Jennifer Pedraza, que no dudó en expresar su frustración con la actual administración: “Yo voté en segunda vuelta por el presidente Gustavo Petro y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino”. No obstante, reconoció el esfuerzo del empresariado vallecaucano y pidió tender puentes con la juventud rural.
Al cierre, el consenso fue claro, el agro colombiano no puede seguir cargando con el abandono institucional ni ser víctima del miedo constante. Desde Procaña, la exigencia al Gobierno nacional es firme, garantías reales en materia jurídica, presencia efectiva en los territorios y una política pública que no se limite a repartir tierras, sino que impulse un desarrollo sostenible y digno para los millones de colombianos que aún creen en el campo como motor del país.
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