Durante el lanzamiento de la nueva coalición política integrada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso, el exsenador Jorge Enrique Robledo sorprendió al denunciar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le comunicó el retiro de la camioneta blindada que formaba parte de su esquema de seguridad.
Según confirmó el propio Robledo, el vehículo será reemplazado por una camioneta convencional.
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“A mí me acaba de llegar una carta de la Unidad Nacional de Protección quitándome la camioneta blindada y ofreciéndome una camioneta corriente. Ese es el gobierno en el que estamos”, afirmó el excongresista, en una intervención cargada de críticas hacia la actual administración.
La notificación oficial le fue entregada mientras participaba en el evento político que marcó el inicio de la alianza entre tres movimientos: el Nuevo Liberalismo, liderado por Juan Manuel Galán; Mira, de orientación cristiana; y Dignidad y Compromiso, encabezado por el propio Robledo.
Esta nueva fuerza política busca consolidarse como una alternativa de centro de cara a las elecciones regionales y presidenciales próximas.
Robledo, reconocido por su papel destacado en la oposición desde su paso por el Congreso, manifestó su preocupación por lo que considera un debilitamiento intencionado de las garantías de seguridad para líderes políticos.
Reforzamiento de seguridad tras atentado a Miguel Uribe Turbay
En contraste, la UNP anunció que reforzará la seguridad de al menos seis precandidatos presidenciales tras el atentado sufrido por el senador y aspirante Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.
Esta medida fue comunicada el 20 de junio por Augusto Rodríguez, director de la UNP, durante una reunión en la Casa de Nariño con la presencia de los ministros del Interior y de Defensa, Armando Benedetti y Pedro Sánchez, respectivamente, así como altos mandos militares y policiales.
El objetivo es revisar y ajustar la estrategia de protección para el proceso electoral de 2026.
El reforzamiento responde a la creciente preocupación por la seguridad de los líderes políticos luego del ataque contra Uribe Turbay, perpetrado por un menor de 15 años mientras realizaba un mitin en el barrio Modelia de Bogotá, hecho que evidenció las vulnerabilidades en los esquemas de protección.
Rodríguez explicó que los refuerzos se implementaron mediante trámites de emergencia mientras se evalúan medidas definitivas para garantizar la seguridad durante las elecciones.
Entre los beneficiarios se encuentran Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Claudia López y David Luna. Además, se incrementó la seguridad para Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático, y para la precandidata Vicky Dávila, cuyo esquema asumió la Policía Nacional.
Estas denuncias no ocurren en el vacío. Varios dirigentes políticos han reportado modificaciones o recortes en sus esquemas de protección, lo que ha generado tensión en el ambiente político, especialmente tras el atentado contra Miguel Uribe, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe luego de haber sido gravemente herido.
El hecho avivó las críticas hacia la UNP, responsable de evaluar el riesgo y asignar protección a líderes amenazados en Colombia. Augusto Rodríguez aclaró que el esquema de seguridad de Uribe Turbay era mixto, conformado por tres integrantes de la UNP y cuatro de la Policía Nacional.
Sin embargo, el día del ataque el número de escoltas se redujo debido a circunstancias relacionadas tanto con la dinámica del protegido como con la organización interna del equipo.
“Por situaciones inherentes a esa dinámica, unas relacionadas con el propio protegido y otras con el número de personas, que eran siete, no eran suficientes”, dijo Rodríguez.
Además, explicó que el senador terminó su jornada laboral a las 3:00 a. m., por lo que los escoltas se retiraron a sus domicilios y debieron regresar posteriormente.
El escolta de la UNP volvió a las 2:00 p. m. para recoger al senador en un punto de la ciudad, y luego se dirigieron a una actividad que no había sido notificada ni coordinada con las entidades de protección.
Los críticos acusan a la entidad de actuar con lentitud e incluso de mostrar sesgos políticos al tomar decisiones sobre la seguridad de opositores.
Por su parte, la nueva coalición política se presenta como una propuesta que busca distanciarse tanto del actual oficialismo como del uribismo, con la intención de ocupar un espacio de centro en el escenario político nacional.
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