La presencia de reconocidos cabecillas del crimen organizado en una tarima pública, junto al presidente de la República, Gustavo Petro, transformó el sábado 21 de junio de 2025 la Plaza de la Alpujarra en Medellín en el escenario de un debate nacional sobre el rumbo de la política de paz urbana en Colombia. Y todo porque el jefe de Estado estaría redoblando su apuesta a la política de Paz Total, pese a que sigue –a tres años– sin dar los resultados esperados.
El traslado a la cárcel de Itagüí de poderosos líderes de estructuras criminales que durante años han marcado la historia violenta del Valle de Aburrá, como Juan Carlos Mesa Vallejo, más conocido como Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y Walter Alonso Román Jiménez, “El Tigre”, entre otros, desató una ola de reacciones en sectores políticos y económicos.
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En efecto, la determinación de presentar ante la ciudadanía a estos detenidos también provocó que figuras del sector empresarial cuestionaran la señal que se estaba enviando a la sociedad. Uno de ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, que utilizó sus redes sociales para preguntarle de manera abierta al Gobierno nacional sobre los propósitos de este tipo de actos, que podrían calificarse como revictimizadores.
“¿Cuál es la señal que se le envía a la sociedad? ¿A los jóvenes? ¿A los ciudadanos?... Cuando se ataca permanentemente a personas y sectores de la sociedad que no solo cumplen la ley, sino que se esfuerzan por construir institucionalidad, trabajar colectivamente en desarrollo, trabajo y generar empleo, mientras otros, que cometen delitos, algunos de ellos, atroces, o de lesa humanidad, son tratados con gran indulgencia y preferencia", dijo Mac Master.
En ese sentido, el dirigente gremial indicó que no se puede pasar por alto el proceder de estos personajes. “Han sido actores, muy protagonistas de las violencias de nuestro país”, agregó el presidente de la Andi en las plataformas digitales, que se unió a las críticas que han generado este tipo de +
Gustavo Petro promovió nuevos beneficios jurídicos para organizaciones criminales
En medio del revuelo, el presidente defendió la estrategia y confirmó el objetivo central del encuentro: abrir la puerta a “beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato de sus juventudes, hombres y mujeres de los barrios”, en sus propias palabras. En ese sentido, el mandatario insistió en que la oferta solo se mantendría si “se verifica un cese definitivo de la violencia en los municipios del Valle de Aburrá”.
Del mismo modo, reconoció la reducción de homicidios en la región, pero exigió pruebas de que la violencia puede erradicarse antes de avanzar hacia un acuerdo final. La presencia de los cabecillas criminales, que permanecen bajo custodia del Estado por delitos graves que van desde homicidios hasta el control de economías ilícitas, dejó en evidencia la magnitud de la pelea que quiere dar el Gobierno, en pro de establecer diálogos que permitan llegar a ceses.
Durante el mismo acto, alias Douglas, reconocido como cabecilla de La Oficina de Envigado y vocero de la mesa de negociación entre el Gobierno y grupos criminales, advirtió sobre las dificultades del proceso. “Ha faltado capacidad del Estado en acompañar esas transformaciones”, afirmó el hombre, que habría expuesto las tensiones que existen actualmente para avanzar hacia una verdadera paz urbana, que por ende brinde tranquilidad a los ciudadanos.
Según indicó el presidente, en los próximos días visitará personalmente la cárcel de Itagüí para revisar el avance de las negociaciones, e invitó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a sumarse al monitoreo directo de estas conversaciones.
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