La defensa de la EPS Coosalud, encabezada por el abogado Julián Quintana, anunció que interpuso una querella contra el presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por declaraciones que consideran falsas y perjudiciales, relacionadas con supuestos giros de dinero a paraísos fiscales.
El conflicto entre la EPS Coosalud y el primer mandatario se intensificó tras las declaraciones públicas que dio Petro el 6 de noviembre de 2024, durante la ceremonia de posesión del nuevo superintendente de Salud en Bogotá, Colombia.
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En ese evento, Petro sugirió que la EPS no solo habría participado en estos movimientos, sino que además no habría respondido adecuadamente a los procesos de intervención a los que han sido sometidas otras entidades del sector salud.
“Ahora tenemos nuevas denuncias, dineros se fueron a los paraísos fiscales (…) Se deben a una EPS que se llama Coosalud, que no responde a las EPS intervenidas (…) debe ser intervenida”. Estas palabras, pronunciadas ante funcionarios y medios de comunicación, generaron una reacción inmediata por parte de la defensa legal de la entidad de salud.
De acuerdo con Julián Quintana, abogado de Coosalud, las afirmaciones del presidente carecen de fundamento y afectan gravemente la reputación de la EPS. En declaraciones posteriores, Quintana expresó: “Hemos denunciado al presidente Petro por haber salido de forma irresponsable a afirmar ante los medios de comunicación que Coosalud se estaba prestando para enviar dinero a paraísos fiscales, hecho que es totalmente falso. Hay pruebas verídicas que dan fe de que ese señalamiento está completamente distorsionado”, reveló a Blu Radio.
El togado recalcó que tanto el banco encargado de administrar las cuentas maestras de la Entidad Promotora de Salud como la propia entidad, actualmente bajo intervención estatal, han certificado que no existen movimientos financieros hacia paraísos fiscales.
Incluso, la defensa de Coosalud respondió con una serie de argumentos destinados a desmontar las acusaciones. Uno de los puntos principales fue la gestión de Jaime Miguel González Montaño, quien ocupó la presidencia de la EPS durante casi tres décadas y dejó el cargo en noviembre de 2024.
Durante su administración, según la defensa, se celebraron más de 1.200 contratos con clínicas y hospitales debidamente autorizados, lo que demostraría la legalidad y transparencia de las operaciones de Coosalud.
Así mismo, Quintana subrayó que la existencia de la cuenta maestra, establecida por la Ley 1122 de 2007, impide legal y técnicamente que la EPS realice giros hacia paraísos fiscales. Este mecanismo de control, implementado para garantizar la trazabilidad de los recursos públicos destinados a la salud, constituye una de las principales salvaguardas del sistema.
Las inversiones de Coosalud en 2025
Coosalud también informó que desde la intervención estatal a la EPS realizó giros a su red pública de prestadores de servicios de salud de más de un billón de pesos, en total $1.025.995.232.904.
La entrega de recursos representa un aumento del 48% si se compara con el valor depositado en diciembre de 2024, previo a la intervención del Estado, en el que se entregaron pagos por $695.459.442.410.
“En menos de siete meses se evidencia un total de pagos que supera a los registrados en la administración previa a la intervención, reflejando un notable cambio y la rigurosidad con la que Coosalud está trabajando para que sus usuarios reciban sus servicios de salud sin barreras”, afirmó Juan Pablo Vásquez, vicepresidente de Planeación Financiera y Operaciones de la institución.
Y agregó: “La EPS Coosalud no se detiene en sus compromisos financieros para garantizar que sus usuarios sigan recibiendo servicios oportunos y de calidad a nivel nacional, asegurando que los recursos de la EPS sean utilizados de manera eficiente y transparente”.
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