Fiscalía confirmó que llegó a un acuerdo para un principio de oportunidad con Olmedo López por el escándalo de corrupción de la Ungrd: en qué consiste

El 9 de junio, la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), firmaron un principio de oportunidad que busca desarticular una presunta red de corrupción vinculada al actual gobierno colombiano.

Este acuerdo, que deberá ser aprobado por un juez el 1 de julio, implica que López suministró información clave para avanzar en las investigaciones sobre una organización criminal que operaba dentro de la administración pública.

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De acuerdo con la Fiscalía, el principio de oportunidad es una herramienta jurídica que permite suspender o cesar temporalmente la acción penal contra un acusado, siempre que este colabore eficazmente con la justicia.

En este caso, López señaló a varios altos funcionarios del Gobierno, congresistas y contratistas, lo que podría tener un impacto significativo en las investigaciones en curso.

Entre los delitos que quedarían cobijados por este acuerdo se encuentran el interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Sin embargo, los cargos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado aún están sujetos a negociación mediante un posible preacuerdo.

El principio de oportunidad firmado con López no implica inmunidad total. Según lo estipulado, este mecanismo busca optimizar los recursos del sistema judicial y priorizar la persecución de delitos más graves.

En este contexto, López señaló a figuras clave del gobierno y del Congreso, entre ellos, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Sandra Ortiz, consejera presidencial; y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

También aparecen mencionados Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.

En el ámbito legislativo, los nombres involucrados incluyen al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, así como a otros congresistas como Karen Manrique, Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Julio Elías Chagüi y Marta Peralta.

Además, la lista incluye a asesores, contratistas y funcionarios locales, como Carlos Torres, alcalde de El Carmen de Bolívar, y Harry Bejarano, miembro de la Alcaldía de Cotorra.

El acuerdo también contempla la posibilidad de un preacuerdo, un mecanismo mediante el cual el acusado acepta su responsabilidad en ciertos delitos a cambio de beneficios como la reducción de la pena.

Este procedimiento busca agilizar los procesos judiciales y descongestionar los tribunales. Según lo informado, la defensa de López intentará incluir los cargos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado en este preacuerdo.

La colaboración de López fue descrita como crucial para desmantelar esta presunta red de corrupción. Según el documento firmado, su testimonio ha permitido identificar a una organización criminal que operaba dentro de la administración pública, involucrando a altos funcionarios y legisladores en actividades ilícitas relacionadas con contratos y manejo de recursos públicos.

El caso ha generado un fuerte impacto político, ya que los nombres mencionados incluyen a figuras prominentes del Gobierno y del Congreso.

La aprobación del principio de oportunidad por parte de un juez será un paso clave para determinar el alcance de las investigaciones y las posibles implicaciones legales para los señalados.

Olmedo López denuncia abandono tras testimonio en caso de corrupción

En su más reciente aparición por medio de una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, Olmedo López denunció lo que considera un abandono institucional tras colaborar con la justicia en la revelación de un importante caso de corrupción.

López afirmó que su testimonio, clave en las investigaciones, no sólo no ha sido valorado, sino que lo ha dejado expuesto a amenazas y sin garantías por parte del Estado.

Según el documento de 11 páginas que fue enviado a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, López expresó su frustración al señalar que, pese a ser el primero en denunciar lo que calificó como “uno de los casos más profundos de corrupción pública en la historia reciente del país”, ahora se encuentra sin respaldo institucional.

En sus palabras, “el que primero habló, hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios”.

El malestar de López se intensificó luego de que un juez penal especializado de Bogotá rechazara el preacuerdo que había firmado con la Fiscalía.

Este acuerdo contemplaba el pago de 724 millones de pesos y una pena de 6 años y 2 meses de prisión a cambio de su colaboración en el caso. El juzgado consideró que la pena era insuficiente y desestimó el pacto.

Sin embargo, lo que más inquietó al exfuncionario fue la decisión de la Fiscalía de no apelar el fallo. Según López, esta omisión no fue solo un acto procesal, sino un mensaje de desamparo hacia él como testigo colaborador.

“La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, afirmó en la carta.

El exdirector también denunció un trato desigual en comparación con otros implicados en el caso. Según López, mientras él enfrenta amenazas constantes, otros actores procesales que se sumaron a las investigaciones después de sus revelaciones han obtenido beneficios superiores, como principios de oportunidad en trámite y preacuerdos aprobados por el sistema judicial.

“Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones”, aseguró.

Su testimonio, que inicialmente fue clave para destapar una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y contratistas, ahora parece estar en el centro de una controversia que podría afectar el desarrollo de las investigaciones y la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en el país.