Así funciona el reclutamiento de menores sicarios en Pereira: les ofrecen hasta un millón de pesos

Los resultados de la intervención de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana, en medio de una sesión del Concejo de Pereira, dejó a la vista una modalidad de reclutamiento de menores para la comisión de delitos, entre ellos, sicariatos.

Tras la entrega de los resultados del primer semestre en materia de seguridad en 2025, el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco) de Risaralda dejó a la luz una crisis de homicidios en 2025 que afecta a Pereira y Dosquebradas.

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Estas dos poblaciones son consideradas como los epicentros de la violencia asociada a redes de microtráfico.

En lo que va del año, el reporte oficial contabiliza al menos 143 asesinatos, incluyendo once mujeres víctimas. Detrás de estas cifras, se revela una realidad alarmante: la presencia de menores de edad y el llamado “reciclaje de sicarios” en las redes criminales, señaló el subcomandante de la Policía Metropolitana, Óscar Ochoa

El oficial detalló las dinámicas que sustentan el entramado criminal que ha desatado una ola de homicidios que se dispararon desde la segunda mitad de 2024.

Según explicó el subcomandante Ochoa, las bandas no solo reclutan jóvenes, sino que los rotan y reutilizan para cometer homicidios, en muchos casos por pagos de apenas un millón de pesos por asesinato.

“Hemos encontrado un reciclaje de sicarios. Suena feo, suena incómodo y hay una red de ofrecimientos de un millón de pesos por cometer ese delito de homicidio o por las muertes”, señaló el oficial.

El alto oficial precisó además que varios de los jóvenes capturados han confesado que, pese al pago prometido, no siempre reciben la totalidad del dinero.

“La respuesta es: ‘Me ofrecieron un millón. Pero tengo también en esta agenda cinco casos más, pero de este me deben doscientos, de este me deben quinientos, de este me deben setecientos’”, afirmó.

El subcomandante subrayó que muchas veces el pago en realidad oculta un mecanismo de instrumentalización y amenaza, especialmente en comunidades vulnerables: “Se les ofrece a través de un pago de $1.000.000, pero no es así porque detrás de ellos está la instrumentalización, los engaños, la incitación y la amenaza a su comuna”.

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es el papel de los menores en esta red criminal, no solo como informantes, y también alarma que estén involucrados en casos de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Al ser entrevistados en operativos, algunos han contado sobre el costo de las dosis y su necesidad de generar ingresos: “Es que yo no tengo casa. Y cada dosis de estupefacientes me vale $30.000, pero si hago un corte de esa línea de estupefacientes me gano $300.000”, explicó uno de los adolescentes.

Alejar a estos jóvenes del ciclo de violencia es, explicó el subcomandante Ochoa, una tarea compleja que exige programas de intervención profundos y sostenidos. “Eso es un llamado a la atención del niño y niña adolescente. Pero los programas deben ser tan profundos que lo tengamos alejado de las armas”, manifestó.

Incluso, durante su intervención en el cabildo el oficial narró el caso de un menor que se ofreció a entregar datos sobre los recientemente denominados “embolsados o envinipelados”, víctimas halladas en bolsas o maletas, un fenómeno que suma 11 casos desde octubre de 2024, señaló el informe del diario La Patria de Manizales.

“Puedo entregar información de lo que ustedes llaman los embolsados o los envinipelados, que han aparecido en bolsas o en maletas”, contó el joven al coronel, que respondió: “Bienvenido a la protección de testigos con fiscalía”.

Según el informe, los homicidios también son utilizados como mensajes entre comunas enfrentadas por el control de las rentas del microtráfico. El volumen de dinero involucrado incentiva la entrada de más jóvenes al circuito: “El lucro de cada organización delincuencial por comuna es alto”, señaló Ochoa, estimando que estas redes pueden mover alrededor de cuatro millones de pesos al mes.

Ante el desafío, el subcomandante propuso nuevas estrategias de prevención y redirección social: “¿Cómo podemos estudiar y trabajar con estos jóvenes en algo diferente? ¿Cómo nos los llevamos al agro, al campo, al café, al barismo?”, cuestionó, remarcando la necesidad de ofrecer alternativas reales en medio del avance del crimen organizado.

La crisis del microtráfico en Pereira y Dosquebradas ha dado un salto inquietante con la proliferación del tusi, conocido como el “coctel de la muerte”.

Operativos permitieron a las autoridades encontrar menores de tan solo 8 y 10 años “invitados” a sumarse a la estructura criminal que lidera el tráfico de esta droga.

El fenómeno del tusi —mezcla de ketamina y compuestos sintéticos— ha transformado tanto la producción como la comercialización de estupefacientes en el Área Metropolitana Centro Occidente (Amco).

Las clásicas “ollas” abiertas han pasado a sistemas más complejos y jerárquicamente flexibles, sobre todo en Pereira y Dosquebradas, ahora epicentros de fabricación y distribución de drogas sintéticas.

Laboratorios clandestinos, o “cocinas”, han sido instalados incluso en apartamentos residenciales: “Están fabricados a partir de medicamentos veterinarios con otro tipo de adicciones. Tanto adicciones de droguerías, adicciones en cal, adicciones en productos y alimentos para animales, entre otras”, afirmó el coronel Óscar Ochoa.

El oficial explicó que la estructura de estas redes es heterárquica, con roles como cocineros, distribuidores, ruleteros, transportadores, e incluso “algunos hackers con QR”.

En los recientes allanamientos, la policía encontró al menos 25 códigos QR empleados para registrar pagos, controlar inventarios y trazar las ventas, “como si se tratara de una plataforma de comercio electrónico”.

La venta de tusi se ha disparado en fiestas, discotecas y eventos masivos. En estos ambientes, la presencia de mesones de colores —amarillo, verde, rojo, naranja— revela la variedad de la droga y la peligrosidad de los compuestos. Cada color señala una combinación distinta, muchas veces con ingredientes adulterados o de uso veterinario.

Pero incluso más alarmante es el involucramiento de niños y adolescentes. Tres menores entrevistados en un operativo admitieron manejar sus propias rutas de comercialización y citaron puntos estratégicos de las dos ciudades como bases de operación.

Uno de los jóvenes explicó su relación con la droga: “No, la verdad voy a comprar una manilla”, en referencia a entre 15 y 20 gramos de tusi crudo que luego podría cocinar en casa para vender por su cuenta.

Las autoridades han detectado cocinas clandestinas funcionando en edificios de hasta 15 pisos, donde el proceso de fabricación no despide olores, facilitando el camuflaje. El coronel Ochoa señaló que la popularidad de esta droga ha desplazado incluso a la cocaína: “La cocaína ha perdido su calidad. Porque ya la ha desplazado el Tusi”.

El reto es inmenso. El tráfico y consumo de tusi se camuflan en envíos por mensajería como si fueran encomiendas corrientes y su producción se articula gracias a teléfonos celulares y QR.

En toda la región, la policía ha decomisado 527 celulares usados para coordinar la red. “Dicen cómo está el modelo, cómo conecta, cuánto pagan, quién lo paga, qué discoteca está, qué grupo es, dónde vienen, qué traen y dónde viene la ketamina”.

El coronel remarcó la urgencia de una respuesta adaptativa y preventiva por parte del Estado, la familia y la sociedad: contención del consumo, atención integral al habitante de calle, reconstrucción de espacios críticos y, sobre todo, protección urgente de niños y adolescentes. “¿Por qué lo veo mareado? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿Por qué llega con los ojos así?”, insistió el coronel.

La alerta está encendida: cada vez son menores los que caen en una red que ya no distingue edad y donde el tusi es el protagonista de un negocio que pone en riesgo la salud y el futuro de toda la región.