
Mientras continúa el debate nacional después de que el Congreso de la República aprobara la reforma laboral en Colombia, las advertencias de los sectores más vulnerables del empresariado siguen tomando mayor relevancia ante la incertidumbre que afrontan.
De hecho, en la mañana del miércoles 18 de junio, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) hizo un balance de lo que sucederá en el país tras la nueva legislación. Según comentó el gremio, esta decisión está lejos de favorecer a la mayor parte de quienes sostienen el empleo formal en el país, y podría profundizar los problemas estructurales del sector.
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La voz crítica la encabeza Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de Acopi, quien se refirió al impacto de la reforma en una entrevista concedida al medio radial Caracol Radio.
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Según explicó Correa, la aprobación parlamentaria del proyecto de reforma laboral fue recibida como “un balde de agua fría” dentro del gremio, debido a la falta de diferenciación regulatoria entre empresas de gran tamaño y aquellas de menor escala.

El dirigente lamentó que el texto final avalado por el Congreso exija a las microempresas el mismo cumplimiento que a las compañías con mayor músculo financiero.
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“Estábamos esperando que el Congreso al menos excluyera a las microempresas del proceso o les diera un tratamiento preferencial debido a su fragilidad, pero no fue así. En Colombia hacer empresa es una labor de héroes”, expresó Correa durante la entrevista.
En análisis de Correa, el nuevo marco normativo introduce cargas laborales adicionales que elevarán de forma importante los costos de producción para las MiPymes.
Esta situación, según estimó el presidente de Acopi, llevará a muchas empresas pequeñas y medianas a tomar medidas drásticas. “Vamos a ver despidos de personal, un aumento en la informalidad y, sin duda, el cierre de muchas micro y pequeñas empresas”, advirtió Correa al medio radial, agregando que las condiciones planteadas por la reforma podrían incrementar aún más las dificultades de supervivencia para este grupo empresarial.
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Asimismo, el equipo técnico de Acopi llevó a cabo un análisis detallado sobre el impacto económico que tendrán las tres disposiciones centrales de la reforma aprobada.
El estudio concluyó que la ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p. m., el incremento del recargo dominical y festivo del 75% al 100% y el reconocimiento de salario completo, seguridad social y prestaciones legales a los aprendices del Sena, representan un ajuste drástico para la estructura de costos de las empresas.
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El representante gremial criticó asimismo la actitud del Gobierno nacional durante el proceso de discusión legislativa. Correa afirmó que no existió un espacio real de concertación para que el sector productivo aportara sus puntos de vista y defendió la tesis de que la iniciativa responde a una lógica eminentemente política, más vinculada al posicionamiento electoral que a una solución de fondo para los problemas del mercado laboral colombiano.
Uno de los aspectos más controvertidos señalados por el líder de Acopi se encuentra en la cobertura de la reforma que, según considera, favorece principalmente a los empleados del sector formal, dejando fuera a la mayoría de los trabajadores informales.
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“El Gobierno está haciendo política con el bolsillo de los pequeños empresarios. Esta reforma no toca a los informales, que son mayoría, y no se acompaña de ninguna estrategia fiscal ni económica para integrar a esa población”, sostuvo Correa en sus declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Asimismo, a través de sus redes sociales, publicó una proyección de la organización gremial en la que determinó que, para una empresa con 100 trabajadores, el sobrecosto anual ascendería a unos 157 millones de pesos, cifra equivalente a varios meses completos de nómina o a una porción importante de la utilidad neta anual.
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Si se analiza el efecto en una microempresa dedicada al sector de hoteles, restaurantes o cafeterías, el incremento superaría los 22 millones de pesos por año, poniendo en grave riesgo la operación habitual de estos negocios.
De acuerdo con cifras proporcionadas por Acopi, las MiPymes generan aproximadamente el 72% del empleo formal en el país. No obstante, estas unidades productivas enfrentan múltiples retos: limitaciones de capital, dificultades de acceso al crédito y una baja capacidad de adaptación ante nuevas exigencias laborales.
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La norma, según observa el gremio, implica un desafío considerable para empresas que muchas veces operan al límite de su capacidad, y que deberán ajustarse a los mismos estándares que firmas de gran tamaño.
Además, Rodolfo Correa explicó que la entrada en vigor de estas disposiciones, sin fases de transición ni mecanismos compensatorios, incrementa los costos laborales a niveles que resultan difíciles de asumir para una gran cantidad de unidades productivas.
Este impacto es crítico sobre todo en sectores intensivos en mano de obra, como el comercio, el turismo, la gastronomía, la economía popular, el entretenimiento y los servicios personales y especializados, entre los cuales destacó el caso de la seguridad privada.
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