La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia contra Julio Enrique González Villa, exconcejal de Medellín por el partido Centro Democrático, tras comprobar que incurrió en acoso laboral durante su gestión en el cabildo distrital.
La sanción impuesta lo inhabilita por doce meses para ejercer funciones públicas y lo obliga a reintegrar al Concejo la suma de $101.870.814, correspondiente a los honorarios devengados en el período investigado, como comunicó Caracol Radio, que conoció la decisión.
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Según lo establecido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Antioquia, González incurrió en una falta “gravísima”, calificada como dolosa, al ejercer un patrón sistemático de abuso de poder y tratos degradantes hacia exempleadas de su unidad de apoyo durante los años 2022 y 2023.
Por medio de un comunicado de la misma institución del Ministerio Público, la investigación disciplinaria se originó a partir de denuncias radicadas por las víctimas, que relataron hechos de maltrato verbal y psicológico.
De acuerdo con una comunicación oficial emitida por la Procuraduría en agosto de 2023, González habría dirigido expresiones como: “Brutas”, “Lo que ustedes hacen es basura”, “Estúpidas”, “Si no sirven, se largan”, y “Pídanme perdón de rodillas porque se equivocaron”.
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Las contratistas también afirmaron que el entonces cabildante golpeaba escritorios, arrugaba informes, arrojaba puertas y levantaba la mano como forma de intimidación.
Además, las obligaba a asistir a marchas políticas, cumplir órdenes personales de sus hijas y realizar funciones distintas a las pactadas en los contratos.
La decisión del órgano de control aclaró que el primer cargo fue declarado probado, mientras que los otros dos fueron desestimados.
La medida disciplinaria, fechada el 13 de junio de 2025, es de primera instancia y podrá ser apelada por el exfuncionario ante la misma Procuraduría.
Procuraduría investiga a funcionarios del distrito de Cali por presuntos cobros ilegales a contratistas
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios aún no identificados del distrito especial de Santiago de Cali, luego de recibir denuncias que advierten sobre presuntos cobros indebidos a contratistas, quienes habrían sido obligados a entregar parte de su salario mensual a cambio de estabilidad laboral.
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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali tuvo en cuenta información revelada por medios de comunicación, en la que se señala que algunos trabajadores denunciaron exigencias de hasta el 40% de su sueldo, recursos que, según los testimonios, eran recolectados mediante coordinadores de grupo y transferencias digitales a través de plataformas como Nequi.
El Ministerio Público también verificará si existe una estructura de corrupción al interior de la administración distrital, donde podrían estar involucrados operadores políticos y administrativos.
Los denunciantes afirman que quienes no accedían a las exigencias económicas eran amenazados con su inclusión en una “lista roja”, lo que implicaría su salida de los contratos vigentes.
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La investigación busca establecer si efectivamente se presentaron estas conductas, identificar a los responsables y evaluar si los implicados contaban con algún eximente de responsabilidad.
Alcaldía de Cali activa protocolos y denuncia ante Fiscalía tras investigación por presuntos cobros a contratistas
La administración distrital de Cali respondió oficialmente a la investigación disciplinaria iniciada por la Procuraduría General de la Nación, que involucra a varios funcionarios.
Según el Ministerio Público, estos cobros se habrían realizado a través de intermediarios y mediante plataformas digitales como Nequi.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno local informó que activó sus protocolos internos desde el momento en que tuvo conocimiento de las denuncias a través de redes sociales y peticiones ciudadanas. Además, la directora del Departamento de Contratación Pública presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
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“Desde el primer día de su gobierno, el alcalde Alejandro Eder ha reiterado que no se tolerarán actos de corrupción”, afirmó el secretario de Gobierno, Diego Hau Caicedo. También explicó que la Alcaldía está cooperando activamente con la justicia y ha tomado medidas correctivas y preventivas a través de distintas dependencias, como Control Interno Disciplinario y la Oficina de Transparencia
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