Alcaldía de Valledupar dio un parte de tranquilidad luego de los traslados de internos de alto perfil a la cárcel La Tramacúa

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, realizó una visita al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad, La Tramacúa, para supervisar la permanencia de 13 personas privadas de la libertad trasladadas desde otras ciudades en las recientes horas.

Ya que la movilización de los reclusos, realizada el 9 de agosto de 2026, generó inquietud en las autoridades y la ciudadanía, se emprendió una revisión inmediata de las condiciones y medidas de seguridad del penal.

El alcalde Orozco lideró la reunión junto al director del centro penitenciario, Carlos Yesid Molina, y funcionarios municipales de seguridad y gobierno.

“Nos encontramos aquí en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Vinimos aquí con el director, la subdirectora y los funcionarios, acompañados del secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno, a revisar cómo está funcionando la Tramacúa. Recibimos el informe, sobre todo de las personas que llegaron trasladadas, que causaron alguna inquietud en la comunidad. Nos dan un parte de tranquilidad, nos mostraron cómo están monitoreando los espacios, los patios”, explicó el mandatario.

Durante la visita, se verificó en particular el avance en la instalación de inhibidores de señal, cuyo fin es reducir comunicaciones no autorizadas desde el centro penal y prevenir delitos como la extorsión.

El alcalde también destacó los procesos de resocialización en el penal y resaltó iniciativas como la panadería, certificada por el Invima, y los talleres de manualidades realizados por los internos.

“Nos vamos con una grata impresión de esta visita. Tenemos que decir que lo que hemos visto nos deja conformes. No dejan de ser personas de alto perfil, como se dice, pero que aquí ya están en una situación controlada”, concluyó Orozco.

El director de La Tramacúa reiteró el compromiso institucional “con la seguridad de Valledupar, que somos parte de su equipo de trabajo para siempre ir mejorando todo el tema de seguridad dentro de Valledupar”.

Podrían llegar más presos a La Tramacúa

Luego de que las autoridades colombianas coordinaron el traslado de 376 personas privadas de la libertad del Centro de Atención Transitorio (CAT) Marte en Buenaventura, por cuenta de un incendio provocado que destruyó la mayor parte del establecimiento tras un enfrentamiento entre los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos, la cárcel de Valledupar no estaría exenta de recibir reclusos.

El incendio se registró mientras se atendía la emergencia generada por el terremoto de 7,4 grados que sacudió al occidente del país el 10 de agosto de 2026.

Según la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, el incendio resultó de una riña entre integrantes de las bandas rivales, lo que causó daños en cerca del 90% de la infraestructura del penal. La uniformada informó que en el centro estaban recluidas 376 personas sindicadas al momento del incidente.

Frente a la situación, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa desplegaron un operativo para garantizar el traslado seguro de los reclusos a otros centros penitenciarios del país. El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó: “Aunque la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio Marte no depende del Inpec ni del Ministerio de Justicia, desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad”.

Según el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, en el centro también permanecían personas señaladas de pertenecer a la banda criminal Los Chiquillos. El operativo de traslado contó con la participación del Gobierno departamental, el Inpec, la Policía y el Ejército.

Desde la noche del 10 de agosto, la emergencia ha sido atendida por la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Personería Distrital de Buenaventura y la Defensoría del Pueblo. Las autoridades mantienen vigilancia sobre la situación para evitar desórdenes y garantizar la seguridad en la región.