Concejales de Bogotá piden al alcalde Galán retirar la reforma tributaria distrital: advierten posible alza en la tarifa máxima del predial

El Concejo de Bogotá pidió formalmente al alcalde Carlos Fernando Galán retirar el proyecto de reforma tributaria distrital que contempla un aumento del impuesto predial para cerca de 870.000 predios, principalmente residenciales de alto valor y no residenciales, con el objetivo de financiar la modernización del alumbrado público e impulsar infraestructura urbana inteligente.

Durante la plenaria del Cabildo Distrital, el concejal Samir Bedoya Piraquive, vocero del partido Mira, fue enfático en la necesidad de repensar la oportunidad de la reforma tras el impacto del sismo.

“Las circunstancias económicas y sociales ameritan que la administración evalúe nuevamente la conveniencia y la oportunidad de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza”, afirmó el cabildante.

Bedoya además, entregó una carta al alcalde solicitando la suspensión del trámite del Proyecto de Acuerdo No. 724 de 2026. El cabildante argumentó que los ciudadanos ya enfrentan una carga significativa al atender la emergencia y que la atención debe priorizarse en las zonas afectadas.

Sobretasa predial y tarifas diferenciadas

El proyecto de reforma tributaria establece una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público con tarifas diferenciadas: 0,4 por mil para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como para los de estratos 1, 2 y 3 con avalúos superiores a 20.000 UVT; 0,9 por mil para predios dotacionales y urbanizables no edificados; 1 por mil para predios comerciales, industriales y financieros.

Los valores anuales promedio estimados oscilan entre $133.051 para viviendas de estrato 4, $227.214 para estrato 5 y $348.162 para estrato 6. En el sector productivo, el cobro promedio sería de $807.569 para predios comerciales, $1.672.343 para industriales y $2.342.643 para financieros.

El proyecto fija topes máximos de pago de 600 UVT anuales para residenciales y 1.200 UVT para los demás predios. Se proyecta que el 60 % del recaudo provendría del sector comercial, el 25% del residencial, el 7% del dotacional, el 5% del industrial, el 1,2% del financiero y el 2% de los lotes.

El concejal Julián Uscátegui (Centro Democrático) criticó que “los bogotanos no resisten un impuesto más” y que la administración debería enfocarse en la eficiencia del gasto antes de recurrir a nuevos tributos. Uscátegui advirtió que la capital ya enfrenta una de las mayores cargas fiscales del país y que el incremento del predial impactaría tanto a las familias como al aparato productivo, especialmente tras la actualización catastral.

El cabildante propuso ampliar los alivios tributarios para deudores, sugiriendo descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones, frente al 50% contemplado por la administración.

Críticas a la reforma y contexto fiscal

El concejal Juan David Quintero advirtió que la reforma llega en un momento crítico, con una presión fiscal cercana a $1,7 billones. “Por el aumento del 23% del salario mínimo, cerca de cien obras en ejecución están en peligro”, afirmó. Explicó que la reforma busca recaudar apenas $1,2 billones y exhortó a la administración a optimizar el gasto antes de imponer más impuestos.

Quintero reconoció la oportunidad de modernizar el alumbrado público y los sistemas de monitoreo urbano, pero insistió en que el Concejo debe analizar en detalle cada disposición de la reforma y no limitarse a aprobar nuevos cobros sin una reingeniería del gasto. “No podemos aprobar una reforma tributaria que se limite a poner más impuestos si no hay una reingeniería en cómo lo que ya tenemos se está gastando”, enfatizó.

La concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico) señaló que el proyecto busca recaudar $1,3 billones adicionales anuales y atraer inversiones por $78,3 billones, con la promesa de generar 215.000 empleos en diez años. Aunque reconoció que el nuevo texto elimina propuestas polémicas del anterior, criticó que el fondo de la reforma traslada nuevas cargas tributarias a la ciudadanía y mantiene beneficios para grandes capitales, en particular inmobiliario, financiero y aeroportuario.

Cambios en el predial y beneficios sectorizados

La reforma modifica el esquema del impuesto predial, creando nuevos rangos para residenciales de alto valor, aumentando la tarifa máxima al 13,9 por mil para inmuebles superiores a $4.411 millones de avalúo. Establece tarifa preferencial para hogares campesinos y exención del 50% durante cuatro años para inmuebles con unidades de atención integral a la primera infancia del Icbf.

También se incorpora al sector financiero en la base del recaudo, aunque mantiene la misma tarifa que el comercio y la industria, sin distinguir diferencias de capacidad económica.

El proyecto sostiene la exención progresiva para nuevas inversiones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante diez años para quienes inviertan al menos 88.073 UVT (unos $4.613 millones) en activos fijos. Las empresas ya operativas tendrían beneficios menores y por menos tiempo. Sánchez advirtió que esto continúa privilegiando la llegada de nuevos capitales sobre el fortalecimiento del tejido empresarial local.

El concejal Julián Espinosa sostuvo que la propuesta mantiene el objetivo de recaudar $1,2 billones y que, aunque introduce ajustes, implica un aumento permanente en el impuesto predial por el cobro del alumbrado público. Espinosa resaltó que la discusión debe considerar el contexto económico y el impacto de medidas recientes como el alza en tarifas de parqueaderos y del pasaje de Transmilenio, que han afectado el bolsillo ciudadano.

“La Alcaldía corrigió algunos excesos de la reforma tributaria retirada, pero no cambia la estructura. No es la misma reforma palabra por palabra, pero mantiene el mismo corazón estructural de aumento a ciertos servicios”, cuestionó Espinosa.

La solicitud al alcalde Galán de retirar la reforma tributaria cobra fuerza en medio de la crisis social y económica derivada del terremoto y el ajuste fiscal de la ciudad. El Concejo de Bogotá anticipa un debate detallado y exige que cada artículo del proyecto sea analizado minuciosamente antes de cualquier decisión que implique nuevos tributos para los ciudadanos y el sector productivo de la capital.