A diez días del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Modelia, en Bogotá, resuenan las consecuencias jurídicas y sociales del episodio. Entre ellas, el estatus del presunto sicario, un adolescente de 15 años, quien permanece recluido en un espacio especial dentro del búnker de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con La FM, aunque el joven permanece físicamente en las instalaciones del ente acusador, su custodia y atención son reguladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “El joven sicario pasa sus días en un sitio especial del búnker de la Fiscalía que fue aprobado por el Icbf y que cumple con los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia”, explicó la periodista D’arcy Quinn en La FM.
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El protocolo de detención concede múltiples garantías orientadas al restablecimiento de derechos. El adolescente está acompañado 24 horas al día por un funcionario del Icbf, cuya misión es vigilar que se cumplan los requisitos legales —acceso a luz solar, alimentación balanceada (tres comidas diarias) y atención psicosocial—. Además, periódicamente se le permite salir a una terraza del búnker para tomar aire y recibir luz solar.
Este régimen, pese a no ser equiparable a una libertad completa, busca balancear la seguridad del menor —clave para preservar su vida, ya que se le considera testigo primario en un caso de alto perfil— con los mandatos de la Ley de Infancia y Adolescencia, que prohíben medidas privativas de libertad en ambientes carcelarios cuando se trata de menores.
Tras su detención, el joven fue imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Durante la audiencia, no aceptó los cargos y un juez de justicia juvenil decretó internamiento preventivo en un centro especializado —en este caso, el búnker con acompañamiento del Icbf—. La pena máxima que afronta es de hasta ocho años, conforme al Sistema Penal para Adolescentes.
En paralelo, la Fiscalía analiza la posibilidad de un principio de oportunidad o algún acuerdo de colaboración, dependiendo de la información que el joven pueda aportar sobre una red de sicarios y posibles autores intelectuales. Si bien aún no se ha formalizado un preacuerdo, se reconocen avances en la negociación, a la espera de su disposición para colaborar.
La Fiscalía y periodistas coinciden en que el adolescente fue utilizado por una estructura criminal. En su declaración reveló haber sido reclutado bajo promesas de dinero (alrededor de 20 millones de pesos), que nunca se le entregaron; incluso llegó a confesar que sus asesores lo considerarían “prescindible” tras el atentado.
El relato describe un escenario de vulnerabilidad extrema: huérfano de madre, con un padre en el extranjero (presuntamente en Polonia), vivía con una tía y había sido vinculado a programas gubernamentales de protección que fracasaron en prevenir su vinculación con redes criminales.
Y es que el atentado contra Uribe Turbay conmocionó a la opinión pública y avivó la preocupación sobre el uso del menor por mafias. Miguel Uribe continúa en estado “extremadamente crítico” por un edema cerebral persistente y sangrado intracraneal, luego de múltiples cirugías en la Fundación Santa Fe. Paralelamente, la Policía y la Fiscalía rastrean una supuesta red de sicarios, analizando más de 1.000 videos y adelantando capturas a posibles cómplices.
También se abrió una investigación interna por posibles infiltrados en el esquema de seguridad de Uribe, mientras el presidente declaró que la Policía estaría “infiltrada” y pidió cooperación de EE. UU. para rastrear el origen del arma Glock usada en el ataque, comprada originalmente en Arizona.
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