La Alcaldía de Cali respondió públicamente a la Procuraduría General de la Nación luego de que esta anunciara una investigación disciplinaria contra funcionarios distritales señalados de exigir pagos ilegales a contratistas a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
La denuncia, que salió a la luz inicialmente a través de redes sociales, ha provocado una respuesta institucional en varios frentes dentro de la administración de Alejandro Eder.
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Investigación por presunta red de corrupción
La Procuraduría informó que existen indicios de que algunos funcionarios habrían exigido hasta un 40 % del salario mensual a los contratistas para permitirles continuar en sus cargos.
Según el Ministerio Público, estos pagos habrían sido coordinados por intermediarios y canalizados mediante plataformas de transferencias digitales como Nequi.
“Les exigen hasta el 40 % de su salario mensual para conservar sus puestos, a través de coordinadores de grupos y transferencias digitales que se canalizarían por plataformas como Nequi”, señala el comunicado oficial del organismo de control.
Además, el informe sugiere la posible existencia de una estructura que operaría al interior de la Alcaldía con fines políticos.
“La actuación disciplinaria que inició el ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y, en caso de verificarla, definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas“, precisó la Procuraduría.
También se advierte sobre amenazas contra contratistas que se negaran a pagar, incluyendo su inclusión en una supuesta “lista roja”.
Respuesta institucional de la Alcaldía
Frente a las denuncias, el Gobierno distrital aseguró haber actuado con celeridad desde que tuvo conocimiento del caso, incluso antes de la apertura formal de la investigación por parte de la Procuraduría.
El secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau Caicedo, indicó que la administración inició una serie de actuaciones internas y entregó información detallada a las autoridades.
“Desde que recibimos las denuncias en redes sociales y en derechos de petición desde el Consejo de la Ciudad, se ha respondido de manera profunda, detallada y oportuna con la información que reposa en el Departamento de Contratación Pública”, dijo Hau Caicedo.
A su vez, insistió en que el alcalde Alejandro Eder ha mantenido una postura firme frente a cualquier indicio de corrupción. “Desde el primer día de su gobierno, el alcalde Alejandro Eder ha reiterado con vehemencia que en esta no permitiremos ni permitimos actos de corrupción”, afirmó.
En línea con esta posición, el secretario de Gobierno confirmó que se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
“La directora del Departamento de Contratación Pública presentó una denuncia ante la Fiscalía, organismo de adelantar las investigaciones penales, y desde ese preciso momento estamos colaborando con dicha autoridad para que vaya hasta el final en esta investigación”, sostuvo.
Medidas preventivas y correctivas
Además de la denuncia, la Alcaldía informó sobre la activación de protocolos institucionales destinados a prevenir y sancionar posibles irregularidades dentro de la administración pública. Hau Caicedo detalló que se trata de un esfuerzo conjunto entre varias dependencias.
“Activamos los protocolos internos a través del Departamento de Contratación Pública, del Departamento de Control Interno Disciplinario y desde la Oficina de Transparencia, con medidas correctivas y con medidas preventivas ante el cuidado de los recursos públicos”, explicó.
Siguiente etapa: esclarecimiento de responsabilidades
Por ahora, tanto la Procuraduría como la Fiscalía continúan con las respectivas investigaciones. El objetivo será establecer si existieron cobros indebidos, identificar a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.
La Procuraduría advirtió que la investigación busca esclarecer si los funcionarios implicados actuaron de forma dolosa o si existen elementos que puedan excluir su responsabilidad disciplinaria.
La situación añade presión sobre la administración de Alejandro Eder, quien asumió el cargo en enero de 2024 con la promesa de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones caleñas.
La respuesta rápida y visible de la Alcaldía pretende desmarcarse de posibles prácticas clientelistas heredadas o emergentes, y reforzar su compromiso con la transparencia administrativa.
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