Ultimátum a ministerios de Hacienda y Energía para garantizar los recursos para subsidios a usuarios de energía y gas

El viernes 13 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo que obliga al Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía a asegurar en un plazo de diez días la disponibilidad de los recursos que permitan cubrir los subsidios de energía y gas para usuarios de los estratos 1, 2 y 3 correspondientes a 2024 y 2025.

Esta decisión surgió tras la presentación de una acción de cumplimiento por parte de la Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia), que expuso el incumplimiento estatal respecto a los subsidios, un deber establecido por la ley 143 de 1994 y el decreto 1073 de 2015.

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Durante el proceso judicial salió a la luz una deuda acumulada cercana a los $1,5 billones en subsidios ya reconocidos oficialmente, pero que no han sido pagados por falta de recursos disponibles en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

El fallo advirtió que los recursos asignados por los ministerios en el presupuesto no resultan suficientes si no se cumplen todas las etapas presupuestales necesarias para garantizar fondos reales y oportunos. Esto incluye la autorización de pagos mediante el PAC, fundamental para que los subsidios lleguen a quienes los necesitan.

En el documento oficial, el Tribunal sostiene: “Ordénese a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía que en el término de diez (10) días, emprendan las actuaciones tendientes a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de energía y gas de los estratos I, II y III y los de menores ingresos del área rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad, vigencias 2024 y 2025”.

Gremios del sector energético enviaron petición al Gobierno

En una carta dirigida por Asocodis, Andesco, Acolgen, Andeg, Ser Colombia, Naturgas, Gasnova, Agremgas y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y Minas y Energía, Edwin Palma, así como a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Irene Molina, solicitan al Gobierno el pago urgente de estos subsidios tanto para el año en curso como para 2025.

El comité intergremial detalló en su comunicación que “para el año 2025, de acuerdo con la información proyectada, y en gran parte suministrada por nuestras empresas agremiadas, y al considerar los pagos de saldos de 2024 con apropiación de 2025, existiría un déficit acumulado a diciembre 31 del 2025 aún sin apropiar cercano a $2,7 billones para energía eléctrica, $900.000 millones para gas por red y $78.400 millones para GLP en cilindros, para un total de $4,4 billones”.

De acuerdo con los gremios, entre enero y mayo de 2025, la deuda de subsidios con las empresas supera los $2 billones, distribuidos en cerca de $1,5 billones para energía, $550.000 millones para gas por red y $47.000 millones para GLP en cilindros.

La carta enviada al Gobierno enumera seis acciones consideradas urgentes: la liquidación y pago inmediato de los subsidios otorgados; la adición o traslado presupuestal en el Presupuesto General de la Nación de 2025 para cubrir el déficit por $3,7 billones; la incorporación de $3,7 billones adicionales en el presupuesto de 2026; medidas para brindar liquidez a las empresas, como la habilitación del cruce de impuestos y la emisión de bonos; la garantía de acceso a Certificados de Deuda por parte de las comercializadoras de energía; y, finalmente, facilidades para la subrogación de subsidios futuros con el propósito de obtener liquidez.

Entre tanto, el Tribunal solicitó la continuidad de las mesas sectoriales con participación de los entes de control para monitorear el cumplimiento y la gestión de los recursos destinados a subsidios.

La Procuraduría General de la Nación ya había expresado su preocupación sobre la falta de recursos para estos subsidios, al advertir que la falta de pago compromete la sostenibilidad financiera del sistema energético y puede afectar el acceso al servicio para la población más vulnerable.