Katherine Miranda, vicepresidenta de la Comisión de Acusación, exigió celeridad en el proceso contra la campaña presidencial de Petro

La representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, envió una carta dirigida a los representantes investigadores Alirio Uribe Muñoz (coordinador), Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Carrillo Mendoza, en la que solicitó celeridad en el trámite del expediente 5914, que corresponde a la investigación contra Gustavo Petro por presunta financiación ilegal en su campaña presidencial de 2022.

La carta fue recibida oficialmente por la Comisión, como consta en su registro de correspondencia.

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En el documento, Miranda expresó: “En mi calidad de Vicepresidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y en virtud al carácter de relevancia e importancia de las investigaciones dentro del Expediente 5914 que se adelanta en contra del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego, asignado mediante Resolución No 341 del 22 noviembre 2022″.

La congresista aseguró que, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin resolución y avance de las investigaciones en comento, pido a ustedes en aras de los principios de celeridad, equilibrio y garantías procesales, dar respuesta pronta a esta investigación y de igual manera, avanzar con efectividad y prontitud dentro de todas las actuaciones en el marco de la ley, toda vez que debemos generar resultados en la investigación a este asunto para dar así respuesta y confianza a la ciudadanía”.

Es importante señalar que Katherine Miranda, pese a ser vicepresidenta de la Comisión de Acusación, no puede intervenir directamente en la investigación contra el presidente Gustavo Petro, debido a que fue recusada por su anterior rol como jefa de campaña del hoy mandatario, recusación que fue aceptada y que la inhabilita para actuar en ese caso. En contraste, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y conocido por su cercanía política con Petro, sí continúa en el proceso como parte del triunvirato investigador, ya que la Comisión decidió negar la recusación que se presentó en su contra.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también avanza en las indagaciones sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial. Además, conviene recordar que, de acuerdo con una medida cautelar reciente de la Corte Constitucional, la instancia competente para investigar al presidente de la República es la Comisión de Acusación, tal como lo establece la normativa vigente para los aforados constitucionales.

Según la Ley 5 de 1992, las investigaciones que adelanta esta Comisión sobre el jefe de Estado son públicas, incluyendo el acceso al expediente, las deliberaciones y las sesiones plenarias en las que se aborden estos procesos.

Avanza la investigación contra Petro por nuevas denuncias

El llamado de Miranda se produce en un contexto en el que la Comisión de Acusaciones de la Cámara inició una indagación preliminar contra el presidente Petro. Esta medida fue adoptada tras la denuncia presentada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien pidió investigar los señalamientos contenidos en tres cartas del excanciller Álvaro Leyva.

La decisión de iniciar la indagación fue suscrita por los representantes investigadores Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical.

Sin embargo, el proceso disciplinario que se tramitaba inicialmente tuvo un giro significativo el 13 de junio de 2025, cuando la Comisión decidió separar el expediente 6934 y dar paso a la apertura de un proceso penal contra el presidente Petro. Este expediente corresponde a posibles irregularidades en documentos suscritos por Leyva, que podrían configurar el delito de falsedad ideológica en documento público.

La ruptura de la unidad procesal fue solicitada por el representante investigador Carlos Alberto Cuenca, con el propósito de evitar decisiones contradictorias. La Comisión fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

“La unidad procesal se justifica en la razón, acorde con los valores de la justicia y de la seguridad jurídica que la Constitución proclama desde su Preámbulo, de evitar que se produzcan fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, por ser analizados de manera inconexa situaciones, comportamientos y designios que naturalmente están entrelazados, con el no improbable efecto de que uno de los dos pronunciamientos contrapuestos resulte equivocado”, señaló la célula legislativa.

Hasta ahora, los procesos en la Comisión no habían registrado avances sustanciales, ni siquiera aquellos relacionados con el caso de Nicolás Petro y los presuntos ingresos irregulares en la campaña presidencial de 2022.