Un informe conjunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Ministerio de Igualdad reveló que, entre enero y el 30 de abril de 2025, 1.804 adolescentes entre 14 y 17 años han sido procesados por delitos penales en el país
La cifra, que despierta preocupación por la incidencia de menores en hechos criminales, expone una tendencia al alza y pone en primer plano la fragilidad de los mecanismos de protección de la infancia en el país.
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El documento analiza, además, diferentes perfiles de menores vulnerables sujetos a programas de restablecimiento de derechos en casos de abuso, abandono y permanencia en la calle, y detalla cómo el conflicto armado se relaciona de manera directa en la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante, el punto que más alerta es el relativo a los jóvenes ingresados al sistema de responsabilidad penal adolescente.
Las cifras del delito cometidas por menores de edad
Del informe se desprende que la vinculación de menores a procesos penales no es exclusiva de las grandes ciudades, aunque Bogotá registra el mayor número de casos, con 369 adolescentes involucrados. Le siguen Antioquia (273), Valle del Cauca (252), Santander (134), Cundinamarca (122) y Atlántico (106).
Durante los primeros cuatro meses del año, 67 jóvenes han sido procesados por homicidio, 140 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, 288 por tráfico o porte de drogas y 31 por violencia contra servidores públicos.
Además, 119 de los menores vinculados son de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la abogada Margarita Useche, especialista en ciencias penales y criminológicas, la ruptura del núcleo familiar en la población migrante agrava su vulnerabilidad frente a las redes delictivas.
Menores de edad reclutados en medio del conflicto armado
Del mismo modo, se reveló que, durante el mismo periodo, 184 menores, víctimas de este fenómeno, han sido incorporados a programas de desvinculación y restablecimiento de derechos. De ellos, 155 tienen entre 15 y 17 años y 27 pertenecen al grupo de 11 a 14 años.
El informe indica que los departamentos con mayor incidencia en estos casos son Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare y Nariño.
La abogada Useche destacó la relación entre el conflicto armado y el auge de la delincuencia juvenil. “La dinámica en la frontera de Santander y Norte de Santander refleja cómo la migración y el conflicto impulsan delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores”, señaló, citado por Blu Radio.
Asimismo, la jurista criticó la respuesta estatal frente a la protección de derechos de la niñez y adolescencia: “Colombia ha fallado en la forma de proveer los mecanismos de protección apropiados. La falta de garantías alimenta la participación infantil y juvenil en actividades ilícitas”, advirtió al medio citado.
Aunque reconoce que los adolescentes entre 14 y 18 años son responsables penalmente y pueden distinguir el carácter ilícito de sus acciones, advierte que esta etapa está marcada por la maleabilidad y la propensión a la manipulación.
Cabe señalar que en el Congreso de la República, la representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal Rubiano, anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar la edad penal de 18 a 14 años.
Este anuncio se realizó durante una sesión de la Cámara de Representantes el 9 de junio de 2025, y surgió tras el hecho criminal en el que un adolescente de 14 años baleó al precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
La propuesta busca cambios en el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia para permitir que jóvenes de entre 14 y 17 años sean juzgados como adultos en casos de delitos graves, como homicidio y terrorismo. La congresista argumentó que la actual legislación permite que organizaciones criminales exploten a menores de edad, aprovechando que estos no enfrentan sanciones proporcionales a sus delitos.
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