Gustavo Petro le contestó al exfiscal Alfonso Gómez Méndez y defendió la consulta popular por decreto: “Tiene una base legal que impide cualquier prevaricato”

Durante un debate en la Universidad Externado sobre la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno, el exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez lanzó una advertencia directa a los actuales ministros del gabinete.

Según dijo, si alguno de ellos llegara a firmar el decreto que convoca la consulta sin el visto bueno del Congreso, podría incurrir en prevaricato y abuso de función pública.

“Responderían penalmente porque sería un claro caso de prevaricato y de abuso de la función pública”, fueron las palabras de Gómez Méndez al respecto.

Frente a estas críticas, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, defendió la legalidad del decreto que convoca la consulta, argumentando que tiene sustento normativo.

“Tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato”, escribió el jefe de Estado en una publicación de su cuenta de X.

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En respuesta a las advertencias de Gómez Méndez, el presidente Gustavo Petro sostuvo que su decisión se ajusta a la ley y que no existe margen para interpretaciones penales en su contra: “El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato, se trata del artículo 33c de la ley 1757, que permite a nivel legal, diferenciar entre si el Senado vota el concepto previo, sea favorable o desfavorable o no se pronuncia. En ambas opciones el decreto es presidencial”.

El primer mandatario del país señaló que el proceso legislativo no se completó adecuadamente. Según explicó, la apelación de la senadora María José Pizarro no fue resuelta, lo que impidió que el Senado concluyera formalmente la votación del concepto previo.

En ese contexto, sostuvo que la ley le permite avanzar aun cuando el Congreso no se pronuncie en el plazo establecido. Afirmó que, en ausencia de decisión, la norma autoriza al Ejecutivo a fijar por decreto la fecha de la consulta.

“El juez al establecer por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenar, sin que haya sido acatado, la apelación de la senadora María José Pizarro, determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación. Estoy facultado legalmente para la segunda opción porque ¿Qué pasa si en el mes después de presentada la consulta, día que ya pasó, el senado no toma concepto. Lo que dice la ley 1757 art33c, es que también hay decreto presidencial y se pone en él, la fecha de la consulta popular", escribió en su publicación Gustavo Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro también aseguró que estuvo dispuesto a suspender la convocatoria de la consulta si el Congreso avanzaba con la reforma laboral, en los términos acordados con distintos sectores. Sin embargo, cuestionó la actuación del presidente del Senado Efraín Cepeda, a quien responsabilizó por bloquear esa posibilidad.

Según dijo, “a pesar de que estaba dispuesto a congelar la consulta popular, si el Senado aprobara la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios, en la Cámara”, finalmente “el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757”.

Petro concluyó su pronunciamiento con una crítica directa al manejo político de la agenda legislativa, señalando que los recientes hechos de violencia fueron utilizados para frenar el avance de sus iniciativas. “Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral”, afirmó en su mensaje.

Y es que, tras la suspensión de actividades en el Congreso como gesto de solidaridad por el atentado contra el senador Miguel Uribe, ocurrido el sábado 7 de junio, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que este miércoles 11 de junio se reanudará el debate sobre la reforma laboral.

Por otro lado, días antes de la defensa pública del presidente Petro sobre la legalidad del decreto de convocatoria, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que los 19 ministros del gabinete ya habían firmado el documento que activa la consulta popular por vía administrativa.