Contraloría de Bogotá detectó el desvío de más de $7.500 millones en recursos de cementerios distritales hacia cuentas personales

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionario de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín, por un detrimento patrimonial que supera los $7.512 millones en la ejecución del Contrato de Concesión 415 de 2021.

El proceso fue adelantado tras detectar múltiples irregularidades en la administración de los recursos públicos asociados a los servicios funerarios en la capital. De acuerdo con la investigación fiscal, el concesionario incumplió obligaciones clave relacionadas con el manejo y centralización de los ingresos.

El fallo determinó que una parte significativa de los recursos provenientes de los servicios funerarios fue manejada en cuentas bancarias no autorizadas y, en numerosos casos, los recaudos en efectivo no ingresaron a las cuentas fiduciarias establecidas contractualmente para la administración de los fondos públicos.

La Contraloría evidenció que el 37,57% del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin ser transferido a las cuentas fiduciarias oficiales. “El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, afirmó el director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, Daniel Camilo Castilla.

Como parte de las medidas adoptadas, el organismo de control ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones penales correspondientes sobre los hechos detectados.

Detrimento patrimonial por manejo irregular de recursos

El fallo de la Contraloría estableció una responsabilidad fiscal superior a $7.512.777.525. Los recursos afectados corresponden a dinero recaudado en los cementerios distritales y que debía ser girado a cuentas fiduciarias, pero fue gestionado en cuentas bancarias ajenas a las autorizadas o se retuvo en efectivo, vulnerando los controles establecidos en el contrato.

El análisis realizado por el ente de control dejó en evidencia que el concesionario no implementó mecanismos adecuados de trazabilidad ni cumplió con la centralización de fondos, lo que facilitó la opacidad en la gestión de los dineros públicos y permitió la existencia de movimientos no reportados oficialmente. La Contraloría subrayó que la transparencia en el manejo de los recursos es indispensable para garantizar la confianza ciudadana y la sostenibilidad de los servicios funerarios.

Respuesta y actuaciones de la Uaesp

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) celebró y respaldó la decisión adoptada por la Contraloría de Bogotá. La entidad destacó que, a lo largo de todo el proceso, aportó oportunamente la documentación, información y soportes requeridos por el organismo de control, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos.

La Uaesp informó que adelanta las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas necesarias para el cierre y liquidación del contrato anterior, además de implementar acciones orientadas a garantizar la adecuada defensa de los intereses del distrito. La entidad aseguró que la prestación de los servicios funerarios está garantizada y que se han intensificado los mecanismos de seguimiento y control institucional sobre la operación de los cementerios distritales.

Como parte de las medidas correctivas, la Uaesp incorporó las lecciones institucionales derivadas de este proceso en el nuevo modelo de concesión, que ahora incluye mayores mecanismos de control, supervisión y trazabilidad financiera y operativa. El nuevo esquema contractual refuerza las obligaciones de reporte, asegura el acceso permanente a la información para los organismos de control y adopta herramientas adicionales para proteger el patrimonio público. El objetivo es asegurar la continuidad, eficiencia y transparencia en la prestación de los servicios funerarios distritales bajo criterios de responsabilidad institucional y protección de los derechos de la ciudadanía.

Terminación unilateral y consecuencias contractuales

El Contrato de Concesión 415 de 2021 fue terminado de manera unilateral por la Uaesp mediante la Resolución 643 de 2024, debido a los graves incumplimientos detectados en la administración, operación y mantenimiento de los cementerios distritales. El acuerdo, que originalmente tenía una vigencia de cinco años, fue cancelado antes de su vencimiento tras comprobarse las anomalías en el manejo de los recursos públicos.

Con la salida del operador privado, la Uaesp asumió directamente la operación de los cementerios para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios funerarios. La Contraloría de Bogotá declaró a la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. y a sus representantes responsables fiscales por el detrimento patrimonial causado, y remitió los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal correspondiente.