Ministerio de Salud respondió a señalamientos por presunta participación en política de Guillermo Alfonso Jaramillo y lanzó dura advertencia

Luego de las repercusiones mediáticas y disciplinarias que causaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que fueron catalogadas por la Procuraduría General de la Nación como meritorias para investigar una presunta participación en política, el despacho del funcionario, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, respondió al proceso en curso. Y negó que esa haya sido la actuación.

En efecto, el abogado Rodolfo Salas, secretario General de la dependencia estatal y que trabaja con el ministro desde que este fue alcalde de Ibagué (2016-2019), radicó ante el Ministerio Público un documento oficial en el que defiende a Jaramillo de las situaciones descritas en la apertura del proceso. La cartera sostuvo que el funcionario no hizo una intervención para favorecer a un candidato en particular.

La controversia surgió luego de que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria motivada por unas declaraciones públicas de Jaramillo en el municipio de Coyaima, Tolima. “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas (sic)”, expresó Jaramillo durante el evento institucional.

Esta frase fue pronunciada por el veterano funcionario cuando estaba acompañado de representantes de las comunidades indígenas de la región y el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié: hijo del presidente de Coljuegos, de nombre homónimo. Esto habría ameritado la decisión de la Procuraduría, en pro de establecer si el ministro intervino en favor de alguna aspiración, en especial en apoyo al oficialista Iván Cepeda.

Los argumentos del Ministerio de Salud para desestimar la investigación de la Procuraduría

De acuerdo con el documento de Salas, que también oficia como director (e) jurídico de la entidad, la intervención del ministro se limitó a “un llamado general a la participación ciudadana en el marco de las elecciones”. Y agregó en la mencionada comunicación que “en ningún momento invitó a votar por algún candidato o partido en específico”, por lo que descartan que exista participación política indebida.

De esta manera, rechazó que las declaraciones del ministro constituyan una infracción a la Constitución o la Ley de Garantías. En ese orden de ideas, la defensa del funcionario destacó que el deber de promover la participación democrática está respaldado en la Constitución colombiana y forma parte de las competencias de los servidores públicos, entre ellos Jaramillo, que ocupa esta dependencia desde el 1 de mayo de 2023.

Según el oficio referido, Jaramillo actuó dentro de los límites de la ley y no violó ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales. “El funcionario no incurrió en conductas como promover campañas, presionar funcionarios, ofrecer beneficios electorales o favorecer partidos políticos”, se reseñó por parte de la defensa del funcionario, en relación con los motivos de la Procuraduría.

El documento, dirigido al despacho del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, también cuestionó la interpretación disciplinaria dada por la Procuraduría a la expresión utilizada por el ministro. “No puede calificarse como una falta que un servidor público invite a la ciudadanía a votar”, y advirtió que considerar disciplinariamente relevante este llamado puede restringir las garantías de participación ciudadana.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación fue anunciada a tan solo seis días de las elecciones, en medio de los señalamientos contra el organismo de control por lo que sería la falta de actuaciones contra los funcionarios del actual Gobierno, por lo que serían los reiterados casos de participación en política, de acuerdo con las denuncias interpuestas por algunos de los candidatos presidenciales.

“El llamado del ministro se enmarca en el deber constitucional de promover la participación democrática y no constituye participación política indebida”, concluyó el ministerio, al hacer referencia a una interpretación institucional sobre los límites legales de los funcionarios; pese a que existe interés del propio presidente Gustavo Petro, de que el ganador de la contienda sea Cepeda, en la reelección de su proyecto político.