Con la firma del decreto para convocar la consulta popular, los colombianos decidirían sobre 12 preguntas del sistema laboral: estas son

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, firmó un decreto mediante el cual convoca a una consulta popular de carácter nacional. Esta decisión estaría sustentada por un intento del Gobierno por reformar el sistema laboral en Colombia, luego de que el Senado emitiera un concepto desfavorable frente a esta iniciativa en su sesión del 14 de mayo de 2025. La firma presidencial representaría un paso formal para trasladar a los ciudadanos la decisión final sobre 12 preguntas consideradas de trascendencia nacional.

Según lo estipulado en el artículo 2 del decreto firmado, al cual tuvieron acceso varios medios de comunicación, la convocatoria se realizaría para el 7 de agosto de 2025. En esa fecha, los colombianos estarían llamados a decidir mediante el voto si aprueban o rechazan una serie de propuestas relacionadas con derechos laborales, formalización del empleo, condiciones de trabajo, y garantías sociales para distintos sectores.

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Aunque el decreto ya fue firmado y se encuentra en curso, es fundamental recordar que cualquier acto de esta naturaleza, especialmente tratándose de una iniciativa de alta relevancia nacional, debe ser evaluado por la Corte Constitucional. Será esta entidad la encargada de determinar si cumple con los requisitos para que tenga efectos legales necesarios para otorgarle viabilidad o, en su defecto, declararlo improcedente.

Estas son las preguntas que se contemplan en el decreto para la consulta popular

Entre los temas que podrían someterse a votación ciudadana se destacan 12 interrogantes concretos. La primera de ellas preguntaría si la ciudadanía está de acuerdo en que la jornada laboral dure máximo 8 horas diarias, con horario diurno entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. La segunda cuestión se enfocaría en la posibilidad de establecer un recargo del 100% por el trabajo realizado en días de descanso dominical o festivo.

Una tercera pregunta se dirigiría a evaluar si las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, podrían recibir beneficios en tasas de interés y acceso al crédito para sus proyectos. En la cuarta interrogante, se plantearía si las personas deben tener derecho a permisos médicos y licencias por razones menstruales incapacitantes.

El quinto punto abordaría la inclusión laboral de personas con discapacidad, consultando si las empresas deben contratar al menos dos personas en esta condición por cada 100 trabajadores. La sexta pregunta haría referencia a si los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y de otras instituciones similares deberían contar con contratos de aprendizaje con carácter laboral.

Otro eje temático relevante sería el trabajo en plataformas digitales, puesto que en la séptima pregunta se consultaría si los trabajadores de reparto y transporte por aplicación podrían acordar su tipo de contrato y contar con acceso a seguridad social. A su vez, la octava cuestión plantearía la posibilidad de establecer un régimen laboral especial en el sector agrario, con el fin de garantizar derechos y salario justo para los trabajadores del campo.

En el noveno punto, se interrogaría si se debe eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales. La décima pregunta abordaría el reconocimiento de derechos y formalización de sectores informales como trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, artistas, conductores y deportistas.

La penúltima interrogante giraría en torno a la estabilidad laboral y preguntaría si debe promoverse mediante contratos a término indefinido como regla general. Por último, la consulta incluiría la propuesta de crear un fondo especial para reconocer un bono pensional destinado a campesinos y campesinas.

Aunque la iniciativa del Gobierno podría interpretarse como un intento por lograr una transformación sustancial del modelo laboral vigente, también habría sido interpretada por sectores de la oposición como un mecanismo de presión institucional, especialmente tras las dificultades para lograr consensos legislativos en el Congreso de la República.