Un comunicado firmado por diversas organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento en Colombia generó un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el respeto a la Constitución.
El pronunciamiento del colectivo advierte sobre la intención del Gobierno nacional de convocar una consulta popular mediante decreto, a pesar de la negativa del Senado de la República.
Este anuncio fue calificado como una amenaza al equilibrio democrático y al Estado de derecho en el país.
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El documento denuncia que la decisión del Ejecutivo de avanzar con la consulta sin el aval del Congreso constituye una violación al procedimiento constitucional.
“Constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución. Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes”, dice el comunicado.
Los firmantes, entre los que se encuentran organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos, señalaron que esta acción representa un abuso del mecanismo de participación ciudadana, desvirtuando su propósito original.
“La Constitución se respeta siempre, no solo cuando resulta cómodo”, afirmó una académica que participó en la redacción del texto, según consignó Infobae.
El conflicto surge en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, donde el presidente ha enfrentado obstáculos para avanzar con su agenda de reformas.
La decisión de recurrir a una consulta popular fue interpretada por diversos sectores como un intento de eludir los controles institucionales.
Un vocero de una ONG, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó que esta medida “Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes”.
En la misiva también se subraya la importancia del marco constitucional de 1991 como base del pacto democrático en Colombia.
Según los firmantes, las restricciones legales y constitucionales son esenciales para garantizar los derechos y libertades fundamentales.
“Es una negación del Estado de Derecho y de la democracia representativa. La solidez institucional y el respeto por las reglas de juego son, también, condiciones fundamentales para fomentar el crecimiento económico y proteger el bienestar”, se lee en el documento.
Además, se enfatiza que respetar el procedimiento institucional es clave para la estabilidad y el desarrollo económico del país.
En su llamado, las organizaciones exhortaron al Gobierno nacional a desistir de la firma del decreto y pidieron a las altas cortes, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que actúen para garantizar la supremacía de la Constitución.
También instaron al Congreso a ejercer su papel de control y vigilancia con independencia. “Exhortamos a las altas Cortes —particularmente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado— a reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991 y a proteger, con claridad y decisión, los principios que impiden la concentración del poder y garantizan el equilibrio institucional”, sugirieron los firmantes.
El pronunciamiento no se limita al ámbito nacional. Las organizaciones también hicieron un llamado a la comunidad internacional para que observe de cerca la situación en Colombia y alerte sobre lo que consideran un retroceso democrático. Según el documento, esta crisis no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia global preocupante de erosión institucional.
Los promotores del texto insistieron en que esta controversia trasciende las divisiones ideológicas o partidistas. “No estamos ante una controversia ideológica ni política pasajera. Aquí se juega la base del pacto constitucional de 1991”, advirtieron. Además, recalcaron que el respeto al Estado de derecho es un requisito fundamental para cualquier democracia, independientemente de las circunstancias políticas.
Las organizaciones concluyen con un llamado a la ciudadanía y a las instituciones a mantenerse vigilantes y actuar con responsabilidad.
“No es mero formalismo pedir respeto por la Constitución. Es la única protección que tenemos contra el abuso de poder”, señala el texto. Las organizaciones también solicitaron mecanismos de monitoreo internacional para garantizar que el debate público se enfoque en la defensa de las reglas democráticas.
Mientras tanto, la crisis institucional en Colombia continúa escalando, con sectores políticos, organismos de control y la opinión pública atentos a los próximos pasos del Gobierno y las respuestas de las instituciones. Según los firmantes, lo que está en juego no es solo una disputa política, sino el respeto irrestricto a las bases de la democracia en el país.
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