Las acciones en contra de personas que violentan a menores del país continúan dando resultados y poniendo a los responsables de diferentes hechos ante la justicia, para que respondan por los delitos cometidos.
Una mujer de 49 años fue presentada ante un juez de control de garantías en Giraldo, Antioquia, acusada de violencia intrafamiliar y causar aborto sin consentimiento, tras presuntamente agredir a su hija de 15 años.
Los hechos habrían ocurrido entre el 18 de enero y el 7 de febrero de 2025, según informó la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, la madre habría golpeado en repetidas ocasiones a la adolescente, intensificando los maltratos físicos tras enterarse del embarazo de la menor.
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El material probatorio indica que la mujer insultó y agredió en el vientre a su hija, además de encerrarla en el baño en varias oportunidades y bañarla con agua mezclada con blanqueador.
Las autoridades establecieron que en febrero de 2025, la madre llevó a la menor a un hospital de la zona, donde presuntamente le practicaron un aborto en contra de su voluntad.
La Fiscalía sostiene que la adolescente fue forzada a someterse al procedimiento, lo que constituye el delito de aborto sin consentimiento.
El 26 de mayo de 2025, la mujer fue capturada por los uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.
Acto seguido, fue presentada ante un juez, que le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso judicial en su contra y se emite una condena. Durante la audiencia, la acusada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía
Fiscalía impuso extinción de dominio a vivienda en Bogotá utilizada para la explotación sexual de menores
En un esfuerzo por combatir la explotación sexual de menores en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la extinción de dominio de una vivienda ubicada en el barrio Prado Veraniego, al norte de Bogotá. Este inmueble aparentaba ser un hogar familiar, pero en realidad había sido adaptado para la producción de contenido explícito que involucraba a niñas y adolescentes.
La Fiscalía detalló que el inmueble, valuado en $1.000 millones, estaba equipado con cámaras, luces, conexiones a internet y escenarios diseñados para la grabación de videos de contenido sexual explícito. Este material era difundido posteriormente a través de varias plataformas virtuales, lo que desentrañó una red de explotación dirigida a menores de edad.
Durante las investigaciones, se identificó a una víctima de apenas 13 años que fue sometida a actos degradantes durante transmisiones en vivo realizadas desde el inmueble.
Por estos actos, el arrendatario ha sido condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores, lo cual marca un paso significativo en la sanción legal de estos crímenes aberrantes. Como parte de las acciones judiciales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio decidió suspender cualquier tipo de transacción comercial ligada al inmueble, según comunicó la Fiscalía.
La medida no solo busca prevenir el uso continuado de la propiedad para fines ilícitos, sino que también refuerza el compromiso del estado colombiano en la erradicación de la explotación sexual, especialmente cuando afecta a los menores. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo clausurar los espacios utilizados para la comisión de delitos y brindar protección a las víctimas de estos crímenes.
La Fiscalía insistió en que la divulgación de esta información es de interés general y forma parte de la lucha continua contra la explotación sexual de menores, asegurando que los lugares utilizados para estos fines sean cerrados de forma definitiva.
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