“En mi opinión, no se puede”: Navarro Wolff lanza advertencia a Petro por consulta sin aval del Congreso

Antonio Navarro Wolff, exsenador y figura reconocida del progresismo colombiano, se refirió al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de avanzar con una consulta popular mediante decreto presidencial.

Esta decisión del mandatario ha generado diversas reacciones en la esfera política, particularmente porque el Senado ya negó dicha propuesta.

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El presidente Petro ha reiterado su interés en someter a votación popular un paquete de preguntas relacionadas con la reforma laboral, luego de que la iniciativa fuera rechazada en el Congreso.

El mecanismo que planea utilizar sería un decreto, una medida que ha sido objeto de críticas por parte de sectores que consideran que esta vía podría contradecir el orden constitucional.

Navarro, quien ha sido cercano a varios procesos de transformación institucional en el país, expresó reservas frente a esa alternativa. Desde su perspectiva, la consulta no debería convocarse sin que exista un pronunciamiento judicial que invalide previamente la decisión legislativa.

“Convocar por decreto a una consulta popular sobre la reforma laboral sin que se haya declarado ilegal por una Corte la votación del Senado al respecto, en mi opinión, no se puede”, afirmó el excongresista.

La declaración de Navarro se conoce en medio de un clima político tenso, tras la confirmación del presidente de que avanzará con la consulta a través de un acto administrativo. Mientras tanto, desde la Casa de Nariño se han sostenido reuniones con distintas bancadas del Pacto Histórico para explicar los pasos a seguir.

La principal controversia gira en torno a la legalidad de la votación que negó la iniciativa en el Senado. Desde el Ejecutivo se ha planteado que ese procedimiento parlamentario estaría viciado, argumento que serviría de base para justificar la expedición del decreto.

Sin embargo, la mesa directiva del Senado ha insistido en que la votación se desarrolló conforme al reglamento, y que la decisión adoptada debe ser respetada.

Navarro no es el único que ha manifestado dudas sobre este curso de acción. Desde distintos sectores políticos se ha advertido que avanzar con un decreto sin autorización previa del Congreso podría generar un conflicto institucional. Algunos juristas han señalado que la Corte Constitucional podría verse obligada a intervenir para resolver si el presidente tiene competencia para convocar una consulta popular sin el respaldo del Legislativo.

En declaraciones recientes, el presidente Gustavo Petro ha defendido la legitimidad de su propuesta, afirmando que busca abrir un canal de participación ciudadana directa en temas laborales.

Ha dicho que la negativa del Senado no representa un cierre absoluto del proceso y que, ante lo que considera una irregularidad en la votación, su administración acudirá a mecanismos que, a su juicio, están permitidos por la Constitución.

Navarro, por su parte, ha sido enfático en que las instituciones deben actuar dentro del marco normativo, especialmente cuando se trata de decisiones que implican la consulta al pueblo. En su concepto, cualquier iniciativa que busque revertir la voluntad expresada por el Senado debería contar primero con la intervención de las altas cortes.

El pronunciamiento del exsenador tiene un peso particular, no solo por su trayectoria política, sino por su conocimiento en procesos de reforma constitucional. Fue uno de los protagonistas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ha ocupado cargos clave en el Ejecutivo y el Legislativo.

El debate sobre el alcance del decreto presidencial se ha trasladado también a la opinión pública. Algunos sectores defienden la posibilidad de convocar al pueblo colombiano para decidir sobre transformaciones sociales, mientras otros insisten en que los procedimientos deben ajustarse estrictamente a lo que dispone la ley.

En medio de la controversia, el Gobierno continúa con los preparativos técnicos para la eventual realización de la consulta. Aunque aún no se ha divulgado oficialmente el contenido exacto de las preguntas, se ha indicado que estarán centradas en temas laborales, como la estabilidad en el empleo, la formalización del trabajo y el fortalecimiento del sistema de protección social.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, que podrían recibir demandas relacionadas con la legalidad del decreto, si este se concreta. Los escenarios jurídicos aún son inciertos, y varios analistas consideran que lo que ocurra en las próximas semanas definirá el futuro de esta iniciativa.

Con su mensaje, Navarro se suma a quienes advierten sobre los límites institucionales que deben observarse en el ejercicio del poder.

“En mi opinión, no se puede”, subrayó, haciendo referencia a la posibilidad de convocar la consulta sin la intervención previa de una autoridad judicial que cuestione la votación del Senado.

El desarrollo de este tema continuará generando atención política y mediática, ya que involucra el delicado equilibrio entre los poderes del Estado y la interpretación de los mecanismos de participación directa previstos en la Constitución.