El martes 3 de junio en horas de la noche, el presidente Gustavo Petro informó que emitirá un decreto para convocar a una consulta popular con el fin de respaldar su propuesta de reforma laboral, archivada por el Congreso en marzo.
La decisión generó una fuerte reacción política, ya que se produce luego de que el Legislativo también rechazara una nueva iniciativa similar en mayo.
Además, al incluir en la consulta cuatro nuevas preguntas relacionadas con el sistema de salud, el mandatario fue acusado de sobrepasar los límites entre las funciones del Ejecutivo y del Congreso.
Frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, el partido Nuevo Liberalismo emitió un pronunciamiento oficial firmado por su director nacional, Juan Manuel Galán.
El documento fue divulgado como respuesta directa al anuncio presidencial y plantea la posición de la colectividad sobre los alcances legales y políticos de la iniciativa.
“Este intento de bypass institucional vulnera los principios esenciales de nuestro sistema”, dijo la colectividad.
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La colectividad en su comunicado expresó su rechazo al respecto diciendo lo siguiente: “Ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que sugiere la posibilidad de sustituir el Estado de derecho por un Estado de opinión, expresamos nuestro más categórico rechazo”.
En el comunicado, el Nuevo Liberalismo advirtió sobre los riesgos que implican las decisiones unilaterales del Ejecutivo frente al orden institucional.
Según la colectividad, “la estabilidad democrática de nuestra nación se fundamenta en el respeto a la Constitución, las leyes y las instituciones republicanas”. En ese sentido, alertaron que “pretender subordinar estas garantías fundamentales a una interpretación subjetiva del sentir popular, sin los debidos procedimientos constitucionales, constituye un grave riesgo para el orden democrático y el equilibrio de poderes”.
El partido también rechazó de forma tajante la intención del presidente de avanzar con la consulta popular por decreto, pese a que esta fue archivada por el Congreso.
En el documento señalaron: “Condenamos enérgicamente la insistencia del Ejecutivo en convocar una consulta popular mediante decreto, desconociendo la decisión soberana del Congreso de la República de negarla”. Y añadieron que “este intento de bypass institucional vulnera los principios esenciales de nuestro sistema de pesos y contrapesos, erosionando la confianza en la institucionalidad y poniendo en entredicho el respeto por la separación de poderes”.
Continuaron diciendo en el texto lo siguiente: “Exigimos al Gobierno Nacional que actúe dentro de los marcos constitucionales, respetando las decisiones del Congreso y asegurando que cualquier iniciativa de reforma o consulta popular se realice conforme a los cauces legales establecidos. La democracia colombiana no puede ser puesta en peligro por decisiones unilaterales que desconocen los procesos deliberativos y la representación legítima del pueblo”.
El comunicado concluye con un llamado a la defensa de los principios democráticos y del marco constitucional. “El Nuevo Liberalismo seguirá defendiendo el Estado de derecho, la institucionalidad y las libertades democráticas como pilares esenciales de la República. Colombia merece un gobierno que respete las normas y que garantice el orden constitucional para todos sus ciudadanos”, afirmó el partido.
Además del pronunciamiento del Nuevo Liberalismo, ocho partidos políticos emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto como un “golpe de Estado”. Según señalaron, la medida representa una violación al orden constitucional al pasar por encima de lo ya decidido por el Congreso.
“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ rechazamos esta acción unilateral e inconstitucionalpor parte del Gobierno Petro”, encabezaron la misiva que publicaron la misma noche del martes.
Asimismo, los partidos instaron a los órganos de control y a las altas cortes a examinar la legalidad de la orden presidencial, con el fin de determinar si esta se ajusta a lo establecido por la Constitución.
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