La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, sigue siendo epicentro de tensiones armadas y disputas territoriales entre distintos grupos ilegales.
En medio de esa compleja situación, el Gobierno avanzó en un nuevo paso de su política de Paz Total al autorizar el traslado del Frente 33 de las disidencias de las Farc a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), ubicada en área rural del municipio de Tibú.
Esta medida fue formalizada mediante la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro.
El documento establece el marco jurídico para el asentamiento transitorio del grupo armado en esa zona, durante un periodo inicial de siete meses.
Dentro del perímetro delimitado, los combatientes contarán con garantías de seguridad, suspensión de órdenes de captura –incluidas aquellas con fines de extradición– y podrán iniciar procesos de reincorporación social y económica.
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El objetivo de las ZUT, según lo dispuesto por el Ejecutivo, es permitir una salida negociada del conflicto, promoviendo la concentración de las estructuras armadas bajo supervisión institucional, en condiciones que aseguren la continuidad del Estado Social de Derecho.
Las autoridades civiles conservarán su capacidad de actuación y deberán coexistir con este dispositivo excepcional de transición.
El Frente 33 llega a este punto tras un periodo de fuerte confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que disputa el control del Catatumbo, particularmente en zonas rurales de Tibú, La Gabarra y El Tarra.
La presión militar ejercida por el ELN en las últimas semanas habría acelerado la decisión de los disidentes de aceptar la propuesta del Gobierno para iniciar su tránsito hacia la desmovilización.
No obstante, el panorama sigue siendo incierto. Pese al acuerdo, los integrantes del Frente 33 no han anunciado la entrega de las armas ni su desvinculación inmediata de las actividades armadas. De hecho, han manifestado su preocupación por la continuidad de ataques del ELN, lo que pone en entredicho la sostenibilidad de cualquier proceso sin un cese al fuego efectivo y bilateral en la región.
En paralelo, el Catatumbo enfrenta una creciente fragmentación del control territorial. A la histórica presencia de las FARC y el ELN se ha sumado, en los últimos años, la expansión del Clan del Golfo. Este grupo armado ha consolidado presencia en zonas vecinas del sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio, y se teme que busque extender su influencia sobre el norte de Santander.
El interés estratégico del Catatumbo para estas estructuras está ligado a su importancia dentro de la economía del narcotráfico. Según cifras recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de las 253.000 hectáreas de hoja de coca registradas en Colombia en 2023, unas 43.866 estaban concentradas en esta región, lo que equivale al 17% del total nacional. El retiro de uno de los actores armados podría abrir el camino para la expansión del control territorial por parte de otros grupos, incluidos el ELN y el Clan del Golfo.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre los riesgos que conlleva la instalación de zonas de agrupamiento armado sin un entorno de seguridad integral. El temor principal radica en los impactos que puedan tener estos dispositivos sobre las comunidades vecinas, los liderazgos sociales y la capacidad de respuesta del Estado en contextos donde la presencia institucional ha sido históricamente débil o intermitente.
La dimensión humanitaria del conflicto también sigue siendo crítica. En los últimos meses, se han reportado múltiples casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Frente a esta situación, un colectivo de madres comunitarias del Catatumbo ha protagonizado movilizaciones en Cúcuta, buscando visibilizar la crisis que viven las familias rurales a causa del conflicto armado. Estas mujeres han solicitado al Gobierno el fortalecimiento de las medidas de protección a la niñez, así como un avance más contundente en los diálogos de paz, especialmente con el ELN, cuya participación se ha mantenido distante.
A pesar de los recientes gestos del Gobierno, como la propuesta de trasladar las conversaciones con el ELN al Vaticano, no se ha registrado una respuesta concreta por parte de ese grupo armado. Mientras tanto, la violencia persiste en la región y los esfuerzos por reducir la confrontación enfrentan múltiples obstáculos logísticos, políticos y militares.
Desde que comenzó el actual pico de violencia en el Catatumbo, las autoridades han logrado recuperar a 30 menores de edad que estaban en poder de grupos ilegales. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que el número real de víctimas podría ser mucho mayor y que los riesgos de nuevos reclutamientos siguen siendo altos.
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