Fiscal Camargo se lavó las manos: señaló “falsa motivación” en acto administrativo del caso de Sandra Ortiz

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvo que en el último año se registró un aumento considerable en la cantidad de principios de oportunidad y sentencias preacordadas tramitadas por la Fiscalía General de la Nación.

Esta declaración se produjo en el contexto de la polémica generada por una resolución interna que la señalaba como responsable de autorizar estos beneficios judiciales en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La fiscal general abordó el tema en una rueda de prensa el 3 de junio de 2025, explicando que la resolución en cuestión contenía información incorrecta y que ya había solicitado su corrección.

La controversia surgió tras la difusión de una circular interna de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, la cual negaba la protección solicitada por la ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, y sus familiares. El documento argumentaba que la negativa se debía, entre otras razones, a que el principio de oportunidad estaba pendiente de la autorización de la fiscal general.

Camargo aclaró que esta motivación era falsa y que no existía ninguna actividad pendiente de su aprobación en relación con ese caso. A su vez, La fiscal general detalló que tuvo conocimiento de la resolución durante el fin de semana, luego de la publicación de esta información en varios medios de comunicación.

“Este fin de semana, a raíz del artículo que publica la revista Semana, conozco una resolución que emitió la Dirección de Protección y Asistencia, en la cual se menciona, entre otras cosas, entre otros argumentos, que se niega la protección solicitada por la ex consejera y sus familiares, más dirigida a sus familiares que a ella misma, porque ella está privada de la libertad. Se le niega, entre otras razones, alegando que el principio de oportunidad está pendiente de mi autorización”, reconoció la jefe del ente investigador.

Frente a esta situación, Luz Adriana Camargo informó que el lunes 2 de junio solicitó formalmente a la Oficina de Protección y Asistencia que corrigiera el acto administrativo, ya que presentaba una “falsa motivación”. La fiscal general enfatizó que su conducta desde el inicio de su gestión ha sido transparente y que todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad pueden certificar que no existe ninguna actividad pendiente de su aprobación en este tipo de procesos.

“Yo he solicitado el día de ayer (lunes 2 de junio), formalmente, a la Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación. No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la Fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que dicho sea de paso junto con sentencias pre acordadas, han aumentado exponencialmente en el último año”.

La funcionaria también rechazó cualquier insinuación de falsedad o doble moral en su actuación respecto al principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz. Camargo subrayó que la resolución interna no era coherente con los procedimientos habituales de la Fiscalía y que ya se tomaron medidas para corregir el error administrativo.

Luz Adriana Camargo habló sobre la orden de captura en su contra en Guatemala

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a la orden de captura en su contra emitida por la justicia de Guatemala. En ese sentido, sostuvo que es un contraataque por las acciones de la Fiscalía General de la Nación para combatir la corrupción nacional e internacional.

“La lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país, está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”, señaló la fiscal.

Según Camargo, la orden de captura infringe directamente los acuerdos establecidos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Guatemala, que garantizaban inmunidad penal, civil y administrativa.