En un anuncio que causó revuelo en las redes sociales, exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre confirmó el martes 3 de junio de 2025 que el presidente de la República, Gustavo Petro, convocará a la consulta popular sobre la reforma laboral mediante decreto. Lo anterior, al considerar que se cumplieron los 30 días sin que el Senado en pleno hubiera dado un concepto favorable a este mecanismo de participación ciudadana; en un análisis objeto de fuertes cuestionamientos.
Esta determinación, que se tomó tras la reunión en la que participó el exjefe del ente acusador y exmagistrado de la Corte Constitucional en la Casa de Nariño, se fundamenta en la existencia de aparentes vicios de inconstitucionalidad en el trámite del Congreso. Lo anterior, tras señalarse que la votación del 14 de mayo, en que la plenaria del Senado hundió la iniciativa, con votación de 49 a 47, no cumplió con los principios de publicidad, previstos en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992.
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“El Presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral”, dijo el jurista, al adelantar que la expedición del documento se hará antes del 11 de junio y con 12 preguntas. La posición del Ejecutivo se conoció en medio de un contexto en el que el Gobierno, pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos, busca avanzar en la modificación al régimen laboral actual mediante la participación ciudadana.
Los argumentos por los que se convocará la consulta popular por decreto
Montealegre explicó que los estudios efectuados indican que los errores en su trámite en el Senado son “insubsanables”, lo que hace jurídicamente nula la resolución legislativa. “La Presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que en esa decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la determinación del Congreso”, indicó el exfiscal.
En ese orden de ideas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que ya cuentan con un borrador del decreto que reglamentaría, que se publicaría ocho días hábiles después de cumplirse el periodo en el que el Senado podía pronunciarse sobre el particular. “Ya hay un borrador, esta tarde (martes) se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar”, dijo.
El anuncio se hizo sin importar que la Sección Quinta del Consejo de Estado había reconocido en un análisis preliminar que el Senado, en la referida votación, ya tomó una determinación desfavorable en lo concerniente a la consulta popular. Esto, en respuesta al demandante Raymundo Francisco Marenco, en un documento que se conoció el 28 de mayo de 2025, con el que admitió para estudio el recurso judicial presentado por el ciudadano, y en el que se determinaría el papel del legislativo.
En este asunto, el exregistrador nacional del Estado Civil y codirector del partido de la U Alexander Vega Rocha cuestionó a Petro por la intención de pasar, según él, por la voluntad del legislativo. “Es una irrealidad jurídica pensar que se puede convocar a una consulta popular de esa manera”, expresó el político, que lanzó una dura advertencia al jefe de Estado, pues en caso de continuar con este proceso podría violar la normativa dispuesta por el ordenamiento jurídico.
“Si el presidente (Gustavo Petro) llegara a sacar un decreto, se expondría a una denuncia de prevaricato. Este es el tipo de situaciones que nuestra legislación busca prevenir al requerir que todas las partes del proceso participativo cumplan con estrictos criterios de legalidad”, puntualizó Vega Rocha en su pronunciamiento, en el que también le respondió a Benedetti, del que conceptuó que “está mal asesorado” si considera que aún está abierta la consulta popular.
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