La Policía Nacional, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS) y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la operación Orión, dirigida contra una red criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Nariño.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de integrar una organización dedicada a captar ciudadanos extranjeros con el objetivo de facilitar su tránsito ilegal por Colombia hacia Panamá y otros destinos en Centroamérica.
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De acuerdo con la investigación, los migrantes arribaban de forma irregular a Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), donde la red coordinaba pagos a estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo para garantizar la protección en las rutas fronterizas y la salida masiva de estas personas.
Entre los detenidos figura Mayra Alejandra Ortega Navia, alias Mayra, identificada como presunta cabecilla de la red y capturada en Cúcuta (Norte de Santander).
También fueron capturados Yaneth del Carmen Yama Zamora, que coordinaba operaciones en Ipiales (Nariño), y Rubén Darío Murillo Valencia, alias Gato, coordinador en Turbo (Antioquia).
Las indagaciones permitieron establecer que “Mayra” mantenía antecedentes por supuestos vínculos con el grupo criminal Los Pepinos, presuntamente al servicio del ELN.
Asimismo, se le atribuye la oferta de servicios de tráfico de migrantes a dicha agrupación y la responsabilidad en el envío de mujeres hacia Europa para explotación sexual.
El expediente judicial vincula a los capturados con el naufragio de una embarcación en la vereda Hierba Sal, corregimiento de Titumates, en Unguía (Chocó), ocurrido el 29 de enero de 2024, hecho que dejó como saldo la muerte de dos menores y un adulto.
Así operaba el grupo criminal relacionado con tráfico de migrantes y trata de personas
El entramado criminal utilizaba una agencia de viajes en la terminal de transporte de Cúcuta para planificar el movimiento de los migrantes hacia Panamá, mediante rutas por Capurganá y Acandí. Se identificaron cobros que oscilaban entre USD380 y USD1.800 por persona en territorio colombiano.
Gracias a la cooperación internacional, se constató que al menos 18 extranjeros auxiliados por esta red cruzaron ilegalmente Colombia y lograron llegar a Estados Unidos, donde dos de ellos permanecen arrestados y uno más fue deportado por infringir las leyes.
Los detenidos comparecieron ante un Juez de Control de Garantías, que legalizó las capturas. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. El juez dispuso medida de aseguramiento intramural para dos de los señalados y domiciliaria para uno de ellos por razones de salud.
Fenómeno de migración inversa sacude a Buenaventura, Valle del Cauca
El 29 de mayo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la aparición de una nueva ruta de migración inversa en la frontera con Panamá, esta vez por el océano Pacífico.
Según la Defensoría, personas de diversas edades provenientes de Centroamérica, que no lograron continuar hacia Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes irregulares.
Estas redes ofrecen llevar a los migrantes en embarcaciones que salen del corregimiento Jaqué, en la provincia panameña del Darién, con destino a Buenaventura (Valle del Cauca). Sin embargo, la Defensoría verificó que los traslados concluyen en el municipio de Juradó y en Ciudad Mutis —cabecera municipal de Bahía Solano— ambos en el departamento del Chocó. En algunos casos, los migrantes también son llevados hasta El Valle, otro corregimiento de Bahía Solano, donde no existen puestos de control migratorio.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, advirtió que esta situación complica el escenario para los migrantes, entre quienes se encuentran niñas y niños que viajan acompañados por adultos que no son familiares y que carecen de identificaciones. “Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Además, llegan sin permiso de ingreso y salida”, señaló Marín Ortiz.
El informe recogió además que los migrantes enfrentan riesgos adicionales en el Chocó debido a la presencia de grupos armados ilegales, que ejercen control territorial y social. Se documentaron casos de personas con discapacidad y de otras que no hablan español, lo que agrava su vulnerabilidad.
A diario, entre 20 y 40 personas migrantes llegan a Juradó, donde se refugian en hostales, andenes y parques. Las autoridades locales reconocen que el municipio carece de capacidad para atender este flujo poblacional, lo que augura el riesgo de una crisis humanitaria. Bahía Solano enfrenta una problemática similar ante la falta de recursos institucionales.
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