Con un llamado urgente al Gobierno nacional para que reconsidere la aplicación del Decreto 572 de 2025, la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips) advirtió sobre las consecuencias que esta medida fiscal puede acarrear en la prestación de servicios de salud en el país.
Jorge Alberto Toro, director ejecutivo de la Unión IPS, señaló que la decisión del Ministerio de Hacienda de anticipar el cobro del impuesto de renta a través de una mayor tarifa de retención en la fuente afecta gravemente a un sector ya debilitado financieramente.
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“La expedición del Decreto 572 el día de ayer por parte del Ministerio de Hacienda, donde al sector salud nos está afectando terriblemente el tema de la tarifa para el pago de retención en la fuente anticipada, queremos decir que como gremio le circulamos tanto al Ministro de Hacienda como al señor presidente de la República la solicitud de no incluir el incremento del 2.4% en este decreto. No tuvimos respuesta positiva ni del Ministerio de Hacienda ni de la Presidencia con relación a esta solicitud”, aseguró Toro.
El directivo fue enfático en que la implementación de esta medida pone en alto riesgo la operación de cerca de 2.000 instituciones médicas en todo el país. “Hoy se escribe el decreto que pone en alto riesgo la operación de aproximadamente 2.000 IPS en el país que tienen servicios de internación así como otros servicios ambulatorios del sector salud. Un sistema de salud que está en crisis y crisis reconocida por el Gobierno, hoy con la expedición de este decreto nos pone en alto riesgo de operación”.
Una carga fiscal insostenible para un sector en crisis
El gremio explicó que, ante esta nueva carga tributaria, muchas IPS se verán obligadas a tomar decisiones drásticas. “Esto va a obligar a que o se aplacen gastos de talento humano o se aplacen gastos de funcionamiento de operación para poder pagar el impuesto de renta anticipada. O obligará a muchas IPS a tener que cerrar servicios”, advirtió Toro.
Unips también emitió un comunicado oficial en el que detalló los efectos financieros que esta medida tendrá sobre las instituciones prestadoras de salud. “Las IPS, para poder cumplir con el pago del incremento del 2.4% en la tarifa de renta a la Dian prevista en el Decreto, se verán obligadas a no poder pagar sus obligaciones de salarios y honorarios para con el Talento Humano, como con la cartera de los proveedores de servicios, lo que pondrá en alto riesgo la prestación de los servicios integrales de salud a los usuarios del sistema”.
Cifras que reflejan la gravedad de la situación
Unips detalló además el deterioro financiero del sector, presentando cifras que reflejan la magnitud del problema:
- La cartera que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) adeudan a la red prestadora asciende a aproximadamente 25 billones de pesos.
- De esta cifra, 14 billones corresponden a cartera vencida, gran parte de la cual no ha sido reconocida ni pagada, especialmente por EPS intervenidas.
- Los indicadores de rotación de cartera se han deteriorado significativamente, con un tiempo promedio de pago que ya alcanza los 195 días.
- En el caso de los recursos por atenciones cubiertas por el Soat y su tarifa diferencial, la rotación supera los 200 días debido, entre otros factores, a la no expedición oportuna del certificado de agotamiento de cobertura.
“El deterioro de los indicadores de rotación de cartera en el primer trimestre del 2025, puede estar en un 25%”, se lee en el comunicado.
Petición de una respuesta urgente del Gobierno
En medio de esta crítica situación, el gremio expresó su respaldo al anuncio hecho por el ministro de Salud, quien manifestó su disposición de revisar el impacto del decreto en el sector. No obstante, exigieron celeridad en las decisiones que se tomen.
“Solicitamos entonces, que se pueda conocer una respuesta urgente por parte de los Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud, antes que se genere la obligación del pago previsto en el decreto”, concluyó el comunicado.
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