El Ministerio de Hacienda decretó una medida que adelanta el cobro de la retención en la fuente correspondiente al año 2026, trasladándolo al 2025.
La polémica decisión fue oficializada mediante el Decreto 0572 de 2025, que entró en vigor el 29 de mayo, y pretende busca enfrentar los problemas de liquidez que afectan a la administración pública, en aras de garantizar la estabilidad fiscal.
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Como era de esperarse, la medida está despertando la incomodidad en la ciudadanía, pero también en el país político.
Ya miembros de la oposición están anunciando intenciones para poder frenar el decreto que tiene la luz verde de Gustavo Petro.
Uno de ellos es el senador y opositor David Luna, que informó que interpondrá “una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de este decreto confiscatorio”.
Indicó que la decisión tributaria corresponde con la campaña presidencial del 2026. Dijo, precisamente que en el Gobierno “están raspando la olla para la campaña, están empeñando el futuro de Colombia. Le están metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas".
Incluso comentó —ya que se han conocido registros gráficos de asistentes a eventos de Gobierno que fueron llevados en buses y con almuerzos— que al presidente Petro debe “quedarle claro que los aplausos comprados nunca sonarán más fuerte que un país que se dio cuenta de la farsa, que en 2026 optará por elegir un nuevo camino”.
De qué trata el decreto 0572 de 2025
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta acción se fundamenta en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que otorga al Gobierno nacional la facultad de establecer retenciones en la fuente para facilitar y acelerar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios.
Este artículo también permite determinar los porcentajes de retención basándose en la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas vigentes del impuesto, considerando además los cambios legislativos que puedan influir en dichas tarifas.
Según explicó el ministro, esta medida es un anticipo que busca aliviar las tensiones financieras del Estado.
El anuncio del decreto generó una ola de críticas desde su etapa de proyecto. Tan así, que Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), calificó la medida como una “expropiación al flujo de caja” de los contribuyentes.
El Decreto 0572 establece que los montos recaudados bajo esta modalidad serán considerados como un anticipo del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2026.
Lo polémico es que esto significa que los contribuyentes deberán ajustar sus flujos de caja para cumplir con esta obligación fiscal adelantada, lo que podría generar tensiones adicionales en un contexto económico ya complicado.
La perspectivas del expresidente Uribe sobre el decreto
Por su parte, el exmandatario comunicó que con la aplicación del decreto el Gobierno recaudaría al menos 7 mil billones, a costa del sector privado, que es uno de los más golpeados, ya que son los principales agentes de retención.
De hecho, el ex jefe de Estado acusó al Gobierno de querer quitarles espacio a los empleadores para ensanchar su burocracia y el gasto de la administración pública, de acuerdo con las palabras del exmandatario.
“El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática. Con los empleadores asfixiados no habrá manera de mejorar la situación de los trabajadores”.
Otro de los críticos es el abogado opositor Enrique Gómez, que comentó que la medida “es el colmo del desespero para recoger más plata”.
“Por medio de este decreto, el gobierno Petro aumenta las tarifas de retención en la fuente para 2025, busca un recaudo por más de 13 billones de pesos. Los más afectados: Sectores mineros, de servicios y agrícolas”, dijo el director del Movimiento de Salvación Nacional.
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