Siguen las críticas a la decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, de adelantar a los colombianos el cobro de la retención en la fuente de 2026 por la Dian, con el propósito de hacer frente a un déficit en la liquidez de la administración pública.
Uno de los menos contentos fue, desde luego, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que afirmó que con la medida el Gobierno estaría buscando dejar sin campo de acción al sector privado, de manera que los empleadores tendrán más dificultades para mejorar las condiciones laborales.
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Pero también comentó que el decreto busca, fundamentalmente, sostener la “abultada” cantidad de puestos y el “derroche” presupuestal en el Gobierno, a costa de cargas tributarias en la ciudadanía.
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“El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática. Con los empleadores asfixiados no habrá manera de mejorar la situación de los trabajadores“, escribió el ex jefe de Estado.
Expertos advierten riesgo fiscal en 2026 con aplicación del decreto
Más allá de Álvaro Uribe Vélez, otras voces se han sumado a un análisis sobre el tema adviertes que, aunque la medida busca aliviar las dificultades de caja del Estado, existen implicaciones fiscales y económicas.
El decreto, que afecta sectores como la generación de energía, la extracción de hulla, gas natural y oro, establece tarifas de retención de hasta 4,5% para estas actividades.
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Según el Ministerio, la decisión se tomó a partir de un análisis de datos fiscales de 2023 y 2024, y afectará exclusivamente a actividades económicas cuyas retenciones actuales están por debajo del impuesto real a pagar.
Luis Eduardo Llinás, director de la Dian, aseguró, citado por El Tiempo que “esperamos un recaudo total de 7,38 billones de pesos. Solo se incrementan para aquellas actividades económicas cuyas retenciones en la fuente aún son inferiores a su impuesto a cargo”.
Sin embargo, voces del sector privado y académico han cuestionado duramente esta estrategia. Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, la medida representa un golpe al tejido empresarial.
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“El gobierno se gastará en 2025 los recursos que están previstos para el 2026. Se desfinanciará ese año y se obligará a las empresas a endeudarse”, dijo.
El Consejo Gremial Nacional también rechazó la decisión, señalando que afecta negativamente el consumo, el ahorro y la inversión, y calificándola como una “reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, elevó aún más la alerta al estimar que el adelanto en el recaudo no sería de 7,3 sino de 13,9 billones de pesos, lo que equivale al 0,8 % del PIB.
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Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, esta política pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas: “Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo. ¡Jineteando el dinero del 2026 y endeudando al micro y pequeño empresario hoy!”.
Incluso, el director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, confirmó que “los más afectados son los sectores mineros, de servicios y agrícolas. Al mismo tiempo no dan cuenta del los billones que tienen en fiducias y malgastan en burocracia inútil. El riesgo fiscal para el 2026 tampoco les interesa”.
Por otra parte, uno de los líderes de la oposición, el senador David Luna, afirmó que consolidará una acción por medio del Consejo de Estado para detener el decreto.
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“Interpondré una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata de este decreto confiscatorio. Están raspando la olla para la campaña, están empeñando el futuro de Colombia. Le están metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas. Que le quede claro presidente @petrogustavo, los aplausos comprados nunca sonarán más fuerte que un país que se dio cuenta de la farsa, y que en 2026 optará por elegir un nuevo camino”, escribió en sus redes sociales.
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