Exrepresentante a la Cámara rinde indagatoria este viernes por presunto acoso sexual a una escolta de su sistema de seguridad

El exrepresentante a la Cámara Carlos Carreño rendirá indagatoria este viernes 10 de julio de 2026, a las 8:30 a. m., en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá, por un proceso en su contra por presunto acoso sexual a una escolta de su equipo de seguridad.

Según reveló Semana, la diligencia la liderará el despacho del magistrado Héctor Alarcón y se da en medio de una investigación por hechos que habrían ocurrido el 17 de febrero de 2026. La denunciante integra el esquema asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En su testimonio recogido por el medio de comunicación, la escolta relató: “Al final de la jornada, sobre las cinco de la tarde, él me sugería que subiera al apartamento y empezó a insinuarme que yo le gustaba mucho, que era muy difícil para él controlarse. Insistía en el gusto que sentía por mí y me preguntaba qué opinaba. Yo le afirmaba que mi relación con él era solo de trabajo”.

La mujer también afirmó: “Continuaba con insistencia acercándose y expresando que yo estaba muy buena, que yo le gustaba. Me tocaba las piernas y decía que él no podía detenerse porque se encontraba descontrolado. Yo le dije que me iba a ir y entonces me tomó de los brazos e intentó, a la fuerza, entrarme a la habitación y me tocaba las nalgas”.

Según la denuncia, tras rechazarlo la escolta habría sufrido restricciones en sus funciones: la retiraron de un grupo de WhatsApp, recibió información limitada y le prohibieron acompañarlo cuando saliera de Bogotá.

Carreño, del Partido Comunes, dijo al medio que todo “es un asunto político relacionado con recusaciones de otro caso”. El legislador deberá presentarse ante la Sala de Instrucción para conocer los delitos por los que será procesado y ejercer su defensa.

Carlos Carreño enfrenta otro proceso por presunta concusión

En el caso de Carlos Carreño, la Corte Suprema, mantiene una causa por presunta concusión, al considerar que los hechos habrían tenido lugar durante su ejercicio como excongresista.

Desde marzo de 2025, el alto tribunal analiza denuncias según las cuales Carreño habría exigido parte de sus salarios a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo. Testimonios recogidos en el expediente, como el de Irene Amado, apuntan a que estos recursos se destinaron al pago de hoteles, estudios y vestimenta, y que los trabajadores también habrían realizado tareas personales, incluidos trabajos académicos vinculados a la maestría del exparlamentario.

El proceso, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, permanece en etapa de recaudo de pruebas. De acuerdo con información difundida por Noticias Caracol, la investigación incluye declaraciones que señalan presiones sobre los asesores para que cedieran una fracción de sus ingresos, bajo la amenaza de la terminación de sus contratos.

En paralelo, la permanencia de estos expedientes en la Corte Suprema depende del fuero especial que protege a los congresistas. Si se determina que las conductas investigadas ocurrieron en el marco de funciones parlamentarias, la alta corte retiene la competencia.

Las investigaciones abiertas contra congresistas por delitos sexuales y corrupción reflejan una tendencia creciente en el control judicial sobre la función pública en Colombia. Los expedientes avanzan bajo la supervisión de la Corte Suprema, que determina su competencia según el fuero y la vinculación de los hechos con el ejercicio legislativo.

Este proceso ha permitido que la Corte fortalezca su papel como instancia de control frente a posibles abusos de poder y faltas éticas cometidas en el Congreso. Además, la apertura y el avance de estas investigaciones evidencian una respuesta institucional ante la presión social por mayor transparencia y rendición de cuentas en las altas esferas del Estado.