Investigación a campaña Petro Presidente: Procuraduría pidió sanción a Ricardo Roa por violación de topes electorales

Durante la noche del 27 de mayo se conoció que la Procuraduría General de la Nación envió un concepto al Consejo Nacional Electoral (CNE) con el que solicitó sancionar a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.

La solicitud se fundamenta en la señalada violación de los topes máximos de financiación y el ocultamiento de gastos durante la campaña, hechos que habrían sido deliberados y con intención dolosa, según el análisis del ente de control, informaron en la emisora La W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Agregaron que de acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, los gastos reportados para la primera vuelta presidencial ascendieron a 28.690'782.873 pesos, superando en 154'262.381 pesos el límite establecido por el CNE, que era de 28.536'520.492 pesos.

Además, se identificaron irregularidades en la segunda vuelta, como el caso del alquiler del Movistar Arena para el evento de recepción de resultados del 19 de junio de 2022. Según el análisis, el costo real del alquiler fue de 250 millones de pesos, pero solo se reportaron 150 millones, mientras que los 100 millones restantes fueron pagados por una persona jurídica, Servired S.A.S., lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El concepto de la Procuraduría señala que Roa Barragán actuó de manera intencionada para ocultar información, lo que constituye una acción dolosa. Por estos hechos, el ministerio público solicitó sanciones no solo contra Roa, sino también contra Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. La sanción propuesta incluye una multa equivalente al 2% del valor desembolsado por el Estado para la segunda vuelta presidencial, lo que se traduce en una suma cercana a 308 millones de pesos. Además, se pidió la devolución de los 154.262.381 pesos correspondientes al exceso de gastos en la primera vuelta, explicaron en el medio radial.

La Procuraduría también identificó irregularidades en el reporte de otros gastos, como el pago de eventos y transporte aéreo. Sin embargo, en algunos casos, como el crédito de 500 millones de pesos que fue cancelado durante la campaña y el pago de testigos electorales asumido por Colombia Humana, el ente de control concluyó que no hubo inconsistencias ni intentos de ocultar información, por lo que no se consideraron como faltas atribuibles a los procesados, señalaron en Caracol Radio.

En el marco de esta investigación, que fue abierta el 8 de octubre de 2024, también se formularon cargos contra Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial. No obstante, la Corte Constitucional suspendió los efectos de esta investigación sobre el presidente mientras se determina si el CNE tiene competencia para actuar en casos que involucren el fuero presidencial. A pesar de ello, el proceso contra Roa, Mogollón, Soto y Lemus continúa avanzando, indicaron en el periódico El Tiempo.

El concepto de la Procuraduría también abordó otros temas polémicos relacionados con la campaña, como los supuestos aportes de organizaciones sindicales. Según declaraciones de sindicalistas como Henry Jara, los recursos de la Unión Sindical Obrera (USO) no fueron destinados a la campaña presidencial, sino que se utilizaron dentro de la propia organización, por lo que no era necesario reportarlos. De manera similar, el supuesto aporte de 500 millones de pesos por parte de Fecode fue aclarado por el entonces secretario general de la organización, Henry Velandia Puerto, quien afirmó que la donación se entregó a Colombia Humana y no directamente a la campaña, lo que eximió a los responsables de incluirlo en los reportes financieros.

En cuanto a los recursos destinados al transporte aéreo y otros gastos, la Procuraduría concluyó que no hubo evidencia de irregularidades ni de ocultamiento de información. Según el procurador Cuadro, los valores relacionados con estos rubros no debían ser incluidos en los reportes de la campaña, ya que no se consideró que los procesados tuvieran conocimiento de estos movimientos financieros, recogieron en el diario bogotano.

Por otro lado, la Procuraduría solicitó al CNE resolver los recursos de reposición interpuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), así como por Roa y Soto, quienes buscan frenar el proceso sancionatorio. La Procuraduría advirtió que la falta de resolución de estos recursos podría generar vicios en el trámite.

Finalmente, el proceso también involucra al Movimiento Político Colombia Humana y a la Unión Patriótica, organizaciones vinculadas a la campaña presidencial. La Procuraduría ha insistido en que se esclarezcan todas las irregularidades detectadas y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.