Admiten tutela contra el Senado por hundimiento de la consulta popular: piden pruebas y explicaciones en 3 días

El Consejo de Estado aceptó estudiar una acción de tutela presentada contra la Presidencia y la Secretaría del Senado, tras los hechos ocurridos el 14 de mayo durante la votación de la consulta popular promovida por el Gobierno.

Esta medida judicial busca esclarecer si se vulneraron derechos fundamentales durante ese proceso legislativo que terminó con el archivo de la iniciativa.

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El recurso fue interpuesto por un ciudadano que consideró que el procedimiento empleado para votar la consulta impidió el ejercicio legítimo de participación política.

La solicitud fue admitida por el alto tribunal, el cual ordenó a las autoridades señaladas que, en un plazo de tres días a partir de la notificación, entreguen un informe que detalle lo sucedido en esa sesión.

Según el auto, “por Secretaría General, requerir al accionante para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita las «pruebas documentales sobre la presunta alteración de un voto por parte del Secretario General», mencionadas como pruebas”.

La votación, que se llevó a cabo en la plenaria del Senado, fue motivo de polémica luego de que se rechazara la propuesta con una mayoría estrecha. La iniciativa, liderada por el Ejecutivo, fue derrotada por dos votos de diferencia, gracias al respaldo de las bancadas opositoras.

“La oposición sorprendió y logró superar por dos votos al Gobierno, hundiendo la consulta popular en la plenaria del Senado”.

Durante esa jornada legislativa se presentaron múltiples reclamos por parte de congresistas que afirmaron no haber podido votar.

Incluso algunos de ellos estaban dentro del recinto, pero no lograron acercarse a registrar su posición debido al manejo del procedimiento, lo cual provocó fuertes críticas contra la mesa directiva de la corporación. “Los congresistas advirtieron que se trató de una trampa de la presidencia y de la secretaría del Senado, que no le permitieron a otros legisladores, hasta los que estaban en el salón de belleza, acercarse para depositar su voto y apoyar al Gobierno”.

El incidente también dio lugar a momentos de tensión entre legisladores y funcionarios del Gobierno. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, increpó al secretario del Senado, Diego González.

En medio de esa situación, la senadora María José Pizarro intervino para evitar un altercado mayor. “La senadora María José Pizarro tuvo que alejar a Armando Benedetti del secretario del Senado, Diego González, a quien le reclamó por el resultado de la votación”.

En el fallo que admite la tutela, el Consejo de Estado advierte que aunque esta decisión no anticipa un resultado definitivo, sí se identificaron elementos que podrían indicar una posible afectación de derechos constitucionales.

“Admitir la acción de tutela presentada por Damián Garces Restrepo contra la Presidencia y Secretaría del Senado de la República… Notificar y correr traslado de esta providencia, junto con la tutela y sus anexos, a las autoridades accionadas, para que, en el término de 3 días contados desde la fecha de notificación, rindan el informe que estimen pertinente”, indica el documento.

La demanda y la posterior admisión por parte del alto tribunal se dan en un contexto en el que la iniciativa de la consulta popular ya había generado diversas reacciones. Aunque algunos sectores consideraban que era una herramienta legítima para fomentar el debate político, otros la calificaron como inviable desde su origen.

Tras el hundimiento de la consulta en el Senado, el Gobierno manifestó que no descartaba utilizar otros mecanismos legales para convocarla, incluyendo la expedición de un decreto. No obstante, esta alternativa fue descartada por la Corte Constitucional, que respondió una solicitud elevada por la representante Katherine Miranda. En su pronunciamiento, el alto tribunal fue claro en señalar que no se puede realizar una consulta popular mediante decreto, lo que cerró esa posibilidad. “La Corte Constitucional… zanjó la discusión y advirtió que no hay posibilidad de hacer consulta popular a través de decreto”.

Mientras se adelanta el trámite de la tutela, el Congreso se mantiene atento a las implicaciones que pueda tener esta decisión judicial sobre los procedimientos internos del Senado. También se espera que el informe solicitado por el Consejo de Estado permita esclarecer si existieron irregularidades que afectaron la transparencia del proceso.

El informe que deben entregar la Presidencia y la Secretaría del Senado deberá contener explicaciones detalladas sobre cómo se desarrolló la votación, qué procedimientos se aplicaron para registrar los sufragios y si existieron obstáculos que impidieran la participación de algunos senadores.

El trámite judicial continúa en curso y se evaluará si las autoridades cumplieron con los principios de legalidad y garantía de los derechos fundamentales durante el desarrollo de la sesión que archivó la consulta popular.