La reciente advertencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre convocar la consulta popular por decreto en caso de que el Senado no se pronuncie antes del 1 de junio, desató una dura respuesta del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que calificó la medida como un “grave atentado contra el Estado de derecho”.
La controversia se centra en el trámite legislativo de la nueva consulta popular, que contempla 16 preguntas relacionadas con reformas estructurales como la laboral y la de salud.
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Esta segunda iniciativa surge luego de que una primera versión, que incluía 12 preguntas, fuera archivada por decisión mayoritaria del Senado. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que dicha votación se llevó a cabo de forma irregular.
La advertencia del Gobierno que reavivó el conflicto
En declaraciones ante los medios, el ministro Armando Benedetti reiteró que el Senado aún no ha tomado una decisión válida sobre la nueva consulta, debido a que no se leyó la proposición antes de la votación, como lo establece el reglamento legislativo.
“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, expresó Benedetti, poniendo en duda la validez del procedimiento parlamentario.
Efraín Cepeda acusó al Gobierno de romper el orden institucional
Efraín Cepeda, presidente del Senado, cuestionó la posición del ministro y lanzó duras críticas contra el Ejecutivo. Según Cepeda, el Senado ya se pronunció el 14 de mayo, rechazando la consulta de forma legal, y advirtió que emitir un decreto presidencial para convocarla sería inconstitucional.
“(...) Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”, manifestó Cepeda en su cuenta de X.
Asimismo, añadió que “no permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. (...) El desespero no puede justificar el autoritarismo”, sentenció, advirtiendo que acudirán a instancias judiciales si el presidente Petro expide un decreto sin sustento constitucional.
Benedetti contraataca en redes sociales
Lejos de bajar el tono, el ministro Benedetti respondió directamente a Cepeda a través de su cuenta en X, en un mensaje que subraya la posición del Gobierno frente al trámite legislativo:
“No hay ninguna ruptura institucional por parte del Gobierno. La ruptura la hace usted al no permitir que el Senado se pronuncie, porque nunca se leyó la proposición de qué se estaba votando. Aún tiene hasta el 1 de junio para que el Senado se pronuncie”, escribió Benedetti.
El ministro del Interior también aprovechó para rechazar otras críticas provenientes de la oposición. Al concejal de Bogotá Daniel Briceño, que acusó al Gobierno de actuar “a la brava” y calificó la maniobra como “una jugada de dictadores”, Benedetti le respondió con dureza:
“Uy, qué feas palabras sin ninguna sustentación como todo lo que haces. Te invito a leer el artículo 125 de la Ley Quinta en donde no hay proposición, o se lee lo que va a votar, es nulo el acto. La grabación es clara”, señaló el ministro, defendiendo la legalidad de su posición.
El debate jurídico y político sobre la validez del procedimiento en el Senado y la facultad del Gobierno para convocar una consulta popular por decreto podría escalar ante la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, si el Ejecutivo decide seguir adelante con la convocatoria sin aval legislativo.
En este momento, la segunda consulta propuesta por el Gobierno incluye cuatro preguntas adicionales a las 12 originales, lo que demuestra la intención del Ejecutivo de ampliar su alcance frente a las reformas que ha tenido dificultades para aprobar en el Congreso.
Lo que ocurra en los próximos días definirá no solo el futuro de la consulta popular, sino también el tono de la relación entre el Congreso y el Gobierno en lo que resta del mandato de Gustavo Petro.
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