Un grupo de 18 ciudadanos colombianos permanece detenido en Venezuela bajo acusaciones de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro, según declaraciones de altos funcionarios del régimen venezolano.
La dictadura, a través de figuras como el fiscal general Tarek William Saab y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señalaron que los detenidos estarían involucrados en un supuesto plan para desestabilizar el país. Este plan incluiría ataques con explosivos a hospitales, embajadas y comandos policiales, además de acciones contra figuras públicas tanto del chavismo como de la oposición.
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Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas que sustenten estas acusaciones. Cabello también anunció la suspensión de vuelos entre Colombia y Venezuela hasta el 26 de mayo, argumentando riesgos para la seguridad nacional.
La lista de los detenidos, publicada por el diario El Tiempo, incluye los siguientes nombres:
- Manuel Alejandro Tique Chaves
- Arlei Danilo Espitia Lara
- David Josué Misse Durán
- Edwin Iván Colmenares García
- Kevin José Saavedra Basallo
- Danner Gonzálo Barajas Alba
- Leidy Jimena Méndez Lucema
- Brayan Sair Navarro Cáceres
- Carlos Alberto Cañas Carrer
- Martín Emilio Rincón Quitan
- Oscar Alexander Viera Zárate
- Nelly Zuleima Sánchez Torres
- Cristian Jesús Rodríguez
- Jhonny Jhoan Villan Virgüez
- Luz Estela Rodríguez Umaña
- Manuel Alejandro Mazuera (desaparecido en Zulia)
- Álvaro Javier Ojeda Melendez
- Segundo Manuel Cortes Preciad
De acuerdo con los reportes, algunos de ellos estuvieron desaparecidos durante más de seis meses antes de que sus familiares lograran establecer contacto, el 15 de mayo. Estas detenciones generaron preocupación entre sus allegados en Colombia, que denuncian la falta de pruebas que respalden las acusaciones y la limitada respuesta de las autoridades colombianas.
El embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, visitó recientemente la cárcel de El Rodeo I, ubicada a unos 50 minutos de la capital venezolana, donde permanecen los detenidos. Según familiares y fuentes consultadas por el medio citado, la delegación diplomática intentó entregar kits de aseo personal a los connacionales, pero no logró hacerlo.
Esta visita fue la segunda en más de seis meses, lo que ha llevado a los familiares a criticar el hermetismo con el que la Cancillería colombiana ha manejado el caso. Los allegados insisten en la inocencia de los detenidos y solicitaron mayor apoyo del Gobierno colombiano para lograr su liberación.
El caso ha generado movilizaciones en Colombia. Los familiares de los detenidos organizaron protestas y entregaron cartas a la Cancillería exigiendo acciones concretas. El miércoles 21 de mayo, se llevará a cabo una marcha en la Plaza Bolívar de Bogotá para visibilizar la situación y presionar por una respuesta más contundente de las autoridades. Según los familiares, los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes, lo que ha incrementado su frustración y preocupación.
Por otro lado, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, vinculó las recientes detenciones a un supuesto complot internacional. En declaraciones recientes, Maduro afirmó que más de 35 personas, a quienes calificó como “mercenarios”, han sido arrestadas en las últimas horas.
Mientras tanto, la Cancillería colombiana, liderada por Laura Sarabia, confirmó que se abrieron canales diplomáticos con el régimen venezolano para abordar el caso de los detenidos. Pero, hasta el momento, no se ha recibido información oficial sobre las capturas. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará realizando gestiones para esclarecer la situación y que cualquier avance será comunicado a la opinión pública.
En el pasado, otros ciudadanos colombianos han sido detenidos en Venezuela bajo acusaciones similares. En febrero, siete indígenas colombianos fueron liberados tras ser acusados de participar en actividades de minería ilegal. Según testimonios recogidos por El Tiempo, estas personas se dedicaban a la venta de productos y alimentos en territorio venezolano, recibiendo pagos en oro debido a la precariedad económica en la región. Este antecedente llevó a los familiares de los actuales detenidos a cuestionar la veracidad de las acusaciones y a exigir un trato justo para sus seres queridos.
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