Durante la audiencia de imputación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), se revelaron detalles que amplían el alcance del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación reveló que González habría planeado inicialmente entregar sobornos por un total de $70.000 millones, de los cuales $60.000 millones estaban destinados a Iván Name, expresidente del Senado, y $10.000 millones a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la cifra final entregada fue significativamente menor, ascendiendo a $4.000 millones.
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De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá, González habría dado instrucciones al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para organizar los sobornos. Estos pagos, según las investigaciones, se habrían camuflado como contratos para el suministro de carrotanques destinados a La Guajira, pero en realidad tenían como propósito garantizar el apoyo de los congresistas a las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso. La Fiscalía calificó a González como el “determinador” de estos sobornos millonarios.
El esquema de corrupción también involucró a otros actores clave. El ente investigador señaló que Sandra Ortiz, que en su momento se desempeñaba como alta consejera para las Regiones, habría actuado como intermediaria en la entrega de $3.000 millones a Iván Name.
Por su parte, el soborno de $1.000 millones destinado a Andrés Calle habría contado con la participación de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, que ya fue condenado recientemente por su implicación en este caso.
El caso ha generado un gran impacto debido a la magnitud de las cifras y a la participación de altos funcionarios y congresistas en el esquema de corrupción. La Fiscalía detalló los recursos desviados estaban destinados originalmente a atender necesidades urgentes en regiones vulnerables como La Guajira, pero fueron utilizados para fines ilícitos.
La captura de Iván Name y Andrés Calle, junto con las imputaciones contra Carlos Ramón González y otros implicados, marca un avance significativo en las investigaciones. No obstante, el caso sigue en desarrollo, y las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.
Los sobornos se habría ordenado desde la Casa de Nariño
En este sentido, se conoció que durante una reunión celebrada en el Palacio de Nariño en septiembre de 2023, antes de un Consejo de Ministros con la participación del presidente Gustavo Petro, se habrían definido los detalles de un esquema de sobornos Según la Fiscalía General, en este encuentro participaron Carlos Ramón González, Olmedo López y Sandra Ortiz. En dicha reunión, se habrían acordado los montos y la logística para la entrega de pagos ilícitos a congresistas con el objetivo de garantizar el apoyo legislativo a las reformas del Gobierno.
El ente acusador detalló que los pagos se realizaron en efectivo y a través de intermediarios. En el caso de Name, el dinero habría sido entregado por medio de Ortiz, mientras que el soborno a Calle fue gestionado por Pinilla. Además, la Fiscalía señaló que González instruyó a López para modificar las cifras inicialmente propuestas, ajustando los montos a los valores finales antes mencionados.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra González, el fiscal del caso explicó que este actuó de manera consciente y deliberada, motivando a otros funcionarios a ejecutar el plan delictivo. El ente acusador señaló que González enfrenta cargos por peculado por apropiación agravado en favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos. No obstante, el exfuncionario negó las acusaciones, calificándolas como calumnias en su contra.
La Fiscalía también reveló que López se reunió directamente con los congresistas para concretar los acuerdos relacionados con los pagos ilícitos. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá programó para el 6 de junio la audiencia en la que se decidirá si se impone una medida de aseguramiento en centro carcelario contra González. Mientras tanto, las investigaciones continúan, y tanto Name como Calle permanecen bajo custodia tras ser capturados.
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