Hay preocupación en el departamento de Norte de Santander, después de que se viviera un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en pleno casco urbano de Cúcuta.
Según información conocida por el diario local La Opinión, en el cruce de disparos resultó abatido uno de los presuntos guerrilleros, por lo que se requirió de equipos técnicos para dar con su identificación y respectivo levantamiento.
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El incidente ocurrió en la madrugada del martes 20 de mayo en el barrio Colinas del Tunal, en medio de operativos militares destinados a reducir la presencia de grupos armados ilegales en esta zona cercana a la cárcel modelo de la ciudad.
Las autoridades señalaron que el combate también se registró en sectores aledaños, como San Gerardo, reconocidos como corredores estratégicos empleados por organizaciones criminales para el narcotráfico y el contrabando.
Aunque aún no se ha confirmado la identidad del hombre abatido, las primeras versiones apuntan a su vinculación con estructuras guerrilleras que operan en el área.
Horas antes del enfrentamiento, tropas de la Brigada 30 del Ejército frustraron el intento de robo de una retroexcavadora ubicada detrás del centro penitenciario en el barrio San Faustino, también en Cúcuta.
Al llegar al lugar, los militares fueron atacados por un grupo armado, lo que desencadenó un intercambio de disparos en la noche del lunes 19 de mayo. Los atacantes lograron huir hacia territorio venezolano, sin poder concretar el hurto.
La presencia militar en estos sectores se mantiene reforzada con el fin de prevenir nuevas incursiones y proteger a la población local. La situación evidencia la complejidad del conflicto en esta región fronteriza, donde grupos armados aprovechan la cercanía con Venezuela para sus actividades ilícitas.
De hecho, apenas un día antes, el 19 de mayo, tres integrantes de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) fueron víctimas de un hecho de violencia en la vereda Santa Cecilia, ubicada en la zona rural de Cúcuta.
El incidente ocurrió mientras los funcionarios realizaban actividades técnicas de monitoreo en una estación hidroclimática, un trabajo clave para la preservación de los recursos naturales en la región.
De acuerdo con el informe oficial de la entidad, el grupo de trabajo fue interceptado por hombres armados que los obligaron a descender del vehículo institucional.
Aunque dos de los miembros del equipo fueron liberados poco después, el conductor fue retenido por los agresores durante más de tres horas, mientras se apropiaban del vehículo oficial. La liberación del conductor se produjo sin mayores daños, pero el robo del vehículo institucional constituyó un grave ataque a los bienes públicos.
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental condenó de inmediato el acto de violencia y lamentó profundamente la vulnerabilidad a la que están expuestos sus empleados.
Además, destacó que la situación afecta el cumplimiento de las funciones que la ley les asigna como autoridades ambientales en la región. Corponor expresó su agradecimiento a la fuerza pública, el Ejército Nacional y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), que respondieron con rapidez al incidente, y renovó su llamado al Gobierno Nacional para garantizar un entorno seguro para el ejercicio de sus labores.
El hecho en Cúcuta no es aislado. En abril de este año, Arnold Rincón López, director de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), fue secuestrado en un incidente similar.
Más de 20 días después, aún no se tiene información sobre su paradero, lo que destaca la creciente ola de violencia que afecta a las autoridades ambientales del país.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunció el 20 de mayo para expresar su enérgico rechazo ante la violencia sufrida por los trabajadores de Corponor.
La ministra Lena Estrada reiteró que la defensa de los funcionarios ambientales es una prioridad para el país, ya que su trabajo es esencial para la protección de los ecosistemas. Además, el Ministerio destacó los esfuerzos conjuntos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional para desarrollar una ruta de protección que garantice la seguridad de los empleados del SINA en zonas con alta presencia de actores armados.
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