El lunes 19 de mayo comenzó la audiencia de preacuerdo entre la Fiscalía y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el proceso penal por el delito de peculado por apropiación agravado.
La diligencia se centró en el acuerdo propuesto que contemplaba una reducción del 40% de la pena a cambio de la devolución del dinero apropiado.
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El preacuerdo contemplaba una pena inferior a la inicialmente prevista, que ascendía a nueve años y tres meses sin considerar agravantes.
Sin embargo, el juzgado 05 penal del Circuito Especializado de Bogotá decidió no avalar el acuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, frustrando de momento los beneficios para el exfuncionario.
La Fiscalía había planteado una rebaja de la condena a 74,25 meses de prisión (seis años y dos meses), tras la devolución de $724 millones por parte de López, correspondiente al valor del patrimonio ilícito reconocido.
Según el expediente, el exfuncionario realizó cuatro pagos: el primero por $50 millones, seguido de tres giros de $312 millones, $270 millones y $92 millones, respectivamente.
Durante la audiencia, López leyó una carta en la que pidió perdón al país, a su familia y a las comunidades indígenas. Afirmó que rompió su silencio “compartiendo pruebas que comprometían a congresistas y a otros entes del Gobierno”.
Además, el exdirector de la Ungrd aseguró que callar habría significado “traicionar a la justicia”.
Ante la negativa del juzgado, la defensa de López presentó recurso de apelación para que un juez de segunda instancia revise la decisión.
El abogado José Moreno Caballero reiteró que la figura del preacuerdo no representa una duplicidad de beneficios frente al principio de oportunidad previamente concedido. “Una cosa es el principio de oportunidad y otra es el preacuerdo”, indicó el defensor.
La decisión final ahora queda en manos de un tribunal superior, que deberá definir si se acoge el pacto negociado con la Fiscalía, clave en el proceso de colaboración que López adelanta con el ente acusador en el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Rechazo del preacuerdo entre el exdirector de la Unrgd y la Fiscalía
Un juez en Bogotá declaró improcedente un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, testigo clave en un caso de corrupción que involucra a congresistas, altos funcionarios del Estado, contratistas y otros actores públicos.
Según informó el tribunal, el acuerdo vulneraba principios fundamentales del debido proceso y establecía una pena considerada insuficiente para los delitos imputados, lo que llevó a su rechazo.
De acuerdo con la decisión judicial, la pena pactada en el preacuerdo, que consistía en seis años y dos meses de prisión, no cumplía con el principio de estricta tipicidad penal, el cual exige que las sanciones sean proporcionales a los delitos cometidos.
El juzgado argumentó que esta pena resultaba desproporcionada y contraria a las garantías básicas del sistema de justicia, afectando no solo a las víctimas, sino también a la sociedad, al Estado colombiano e incluso al propio procesado.
Además, el juez señaló que ya existen mecanismos legales, como el principio de oportunidad, que permiten otorgar beneficios jurídicos a quienes colaboran con la justicia, sin necesidad de recurrir a acuerdos que puedan ser perjudiciales para el sistema judicial.
La defensa de López, encabezada por el abogado José Luis Moreno Caballero, expresó su rechazo a la decisión del tribunal mediante un comunicado público. En el documento, la defensa alertó sobre las posibles consecuencias jurídicas de esta resolución, destacando que López se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y colaboró de manera decidida con la administración de justicia, a pesar de los riesgos que ello representaba para su seguridad personal.
Según el comunicado, López ha sido un testigo clave en el caso, proporcionando información sobre una estructura criminal que habría operado en el corazón del Estado colombiano.
El abogado defensor argumentó que la negativa a aprobar el preacuerdo desconoce los principios fundamentales de la justicia premial, una herramienta esencial dentro de la política criminal del país.
Según Moreno Caballero, esta decisión no solo desestima el valor de la colaboración de López, sino que también priva al país de acceder a la verdad completa sobre uno de los casos de corrupción más graves y estructurales en la historia reciente de Colombia. En su opinión, rechazar el acuerdo favorece la impunidad de los actores más poderosos involucrados en el escándalo.
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