El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial reveló un preocupante aumento del 95% en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este incremento, que eleva los casos de 40 a 78, refleja un grave retroceso en la protección infantil, especialmente en zonas rurales y de conflicto. Según el informe presentado en la tarde del martes 13 de mayo, la problemática se suma a otros desafíos en materia de seguridad que enfrenta el país, como el aumento de homicidios y secuestros, aunque también se registraron avances en la reducción de ciertos delitos.
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De acuerdo con el informe, que analiza las cifras de seguridad desde enero de 2024 hasta marzo de 2025, los homicidios en Colombia crecieron un 2%, pasando de 3.174 a 3.244 casos en el primer trimestre de este año. Lo anterior equivale a una tasa de 8,21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El 66% de estos crímenes ocurrieron en zonas urbanas, y los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá D.C., Atlántico, Cauca y Bolívar concentraron el 56% de los casos. En particular, los cuatro primeros departamentos mostraron un incremento en comparación con el mismo periodo de 2024.
El secuestro también experimentó un aumento significativo del 22%, al pasar de 69 a 84 casos. Ese crecimiento contrasta con la leve disminución del 3% en los casos de extorsión, que se mantuvieron en niveles elevados con 2.730 incidentes reportados. Por otro lado, los delitos relacionados con el terrorismo registraron una caída del 30%, lo que podría indicar una contención temporal de este tipo de violencia.
En Bogotá D.C., aunque el número de casos de secuestro es menor en comparación con otros delitos, se registró un aumento del 180%, pasando de 5 a 14 casos. Para el Consejo Gremial ese crecimiento podría reflejar tanto un incremento real como una mejora en la denuncia y el registro de los hechos. En contraste, departamentos como Nariño, Norte de Santander y Antioquia mostraron reducciones significativas en sus tasas de secuestro, con caídas del 63%, 44% y 25%, respectivamente.
El informe también abordó los delitos contra la vida, destacando una disminución del 30% en las lesiones personales y del 7% en los delitos sexuales. Sin embargo, los casos de violencia intrafamiliar aumentaron un 7%, lo que subrayó la persistencia de esa problemática en los hogares colombianos.
En el ámbito digital, los delitos informáticos crecieron un 0,8%, con un total de 16.086 casos reportados en el primer trimestre de 2025. Dentro de esta categoría, el acceso abusivo a sistemas informáticos aumentó un 54%, mientras que la violación de datos personales creció un 22%.
En cuanto a los hurtos, se registraron reducciones relevantes. El hurto a personas disminuyó un 13%, mientras que el hurto a comercios cayó un 56%. No obstante, Barranquilla fue una excepción, con un aumento del 213% en los casos de hurto a personas, pasando de 1.023 en 2024 a 3.225 en 2025. Las cifras contrastan con la tendencia general de disminución observada en otras ciudades.
El informe también incluye recomendaciones para abordar los desafíos identificados. Entre ellas, se destacó la necesidad de fortalecer estrategias territoriales diferenciadas, especialmente en zonas con incrementos en homicidios, reclutamiento y secuestro.
Asimismo, se propone mejorar la articulación interinstitucional en el registro y análisis de información criminal, unificar metodologías entre entidades como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, y diseñar intervenciones específicas para la violencia intrafamiliar y el reclutamiento de menores. En el ámbito digital, se sugirió reforzar las capacidades de ciberseguridad y respuesta frente a delitos informáticos.
Finalmente, el análisis presentado por el Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial evidenció avances en algunos frentes, como la reducción de ciertos delitos, pero también puso en manifiesto la persistencia de riesgos estructurales graves. En las conclusiones del informe, el consejo destacó que la violencia organizada, la violencia intrafamiliar y el reclutamiento forzado de menores siguen siendo desafíos prioritarios que requieren una acción estatal integral y coordinada.
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