“Un dulce envenenado”: Holguín arremetió contra la consulta popular del Gobierno Petro y explicó por qué la rechaza

Mientras se intensifican los debates en el Congreso de la República sobre la convocatoria a una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, diversas voces del ámbito político mostraron su posición frente al mecanismo de participación propuesto. Una de las posturas más críticas proviene de la senadora Paola Holguín, miembro del partido Centro Democrático, que a través de sus redes sociales explicó detalladamente los motivos de su rechazo a esta iniciativa del Ejecutivo, que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Holguín, en un video difundido públicamente, ofreció una exposición estructurada sobre sus razones para oponerse a la consulta. En primer lugar, centró su argumento en el contexto fiscal que atraviesa el país.

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Según explicó: “En horas vamos a empezar el debate en la plenaria del Senado sobre la consulta popular de Gustavo Petro que trae la reforma laboral. ¿Por qué me opongo a la consulta? Varias razones, la primera, en un momento de tanta dificultad fiscal, no está bien gastarnos 750.000 millones en una consulta populista que de hecho no cambia nada, es simplemente para conocer la opinión de ciudadana sobre esos temas”.

El monto citado por la senadora se convirtió en uno de los ejes de discusión más reiterados entre los sectores que se oponen a la consulta, al considerar que la destinación de una cifra como esta no corresponde con las prioridades que demanda la coyuntura económica del país. Desde esta perspectiva, se plantea que el gasto no se traduciría en una transformación directa del orden jurídico ni en reformas inmediatas, sino en un ejercicio de medición de opinión ciudadana sin efectos normativos.

Otro de los puntos que destacó Holguín gira en torno a la arquitectura institucional del país, en especial respecto a la división de poderes. En su intervención, señaló: “Petro parece querer romper la división de poderes y los pesos y contrapesos, porque los puntos de la consulta ya estuvieron en debate en el Congreso que negó la reforma laboral”.

Con esta afirmación, la senadora sugiere que el uso de la consulta popular sería una forma indirecta de reintroducir propuestas legislativas que ya fueron descartadas en el Legislativo, lo cual a su juicio podría alterar el equilibrio entre las ramas del poder público y poner en entredicho la naturaleza representativa del sistema democrático colombiano.

Holguín cuestionó que, ante la ausencia de mayorías parlamentarias favorables, el Ejecutivo recurra a mecanismos de participación directa como alternativa para avanzar en su agenda: “Ahora nos van a llevar de una democracia representativa a una plebiscitaria donde cuando no logre mayorías en el Congreso, entonces va a llevar esto a la votación popular”.

Esta lectura se inscribe dentro de una cuestión más amplia de críticas que proponen la forma en que el Gobierno impulsó sus reformas estructurales, particularmente en el ámbito laboral, salud y pensiones.

Un tercer argumento expuesto por la senadora tiene relación directa con el contenido mismo de la propuesta que se busca someter a consulta. Holguín afirmó que “las preguntas son un dulce envenenado, representan muy poquitos beneficios para los trabajadores, pero graves sobrecostos para las empresas que no van a poder asumirlos”.

Esta crítica se alinea con las advertencias hechas por algunos sectores económicos, especialmente empresariales, que expresaron preocupación por los posibles impactos financieros y operativos que podrían derivarse de los cambios planteados.

La senadora complementó su advertencia con una referencia directa a un análisis emitido por el Banco de la República, del cual dijo: “Por eso, el Banco de la República ha afirmado que esta reforma puede llevar a que se pierdan más de 450.000 empleos”.

Esta proyección fue difundida por opositores de la reforma laboral, y se utiliza como uno de los principales argumentos en contra de su implementación, especialmente en un país con altos índices de informalidad y desempleo.

En paralelo a estas declaraciones, continúa la discusión formal en el Congreso, donde este 13 de mayo comenzó el análisis del mecanismo propuesto. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se admitirá o no la convocatoria, diversas bancadas expresaron su intención de participar activamente en el debate, con la expectativa de que el proceso sea conducido bajo criterios de transparencia y solidez argumentativa.