Ecopetrol intenta evitar el millonario cobro de la Dian: así sería el remezón fiscal para la mayor empresa del país

Un cobro millonario ha generado una creciente controversia que involucra a Ecopetrol, la compañía petrolera más grande de Colombia, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian.

La Dian exige a la empresa el pago de 9,4 billones de pesos por concepto de IVA, una cifra que podría ascender hasta los 22 billones.

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Este desembolso, planteado desde hace aproximadamente un mes, ha desencadenado reacciones entre sindicatos, expertos económicos y autoridades empresariales, quienes advierten sobre su posible impacto en la estabilidad financiera de Ecopetrol y en el panorama económico nacional.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, llevó el asunto ante la junta directiva de la compañía, manifestando su preocupación por las implicaciones negativas que este pago podría tener en las operaciones y las finanzas de la empresa.

Además, Roa confirmó que el caso está siendo revisado con abogados y consultado con el Ministerio de Hacienda.

Hernando Zuleta, decano de economía de la Universidad de los Andes, entrevistado en el pódcast El café de hoy, de El Tiempo, sostuvo que este cobro refleja “un acto de desesperación” del Gobierno ante un déficit fiscal significativo.

Zuleta comentó que “el Gobierno tiene un hueco fiscal de siete puntos del PIB y necesita liquidez, entonces no sé con qué sustento legal está tratando de arañar recursos desde donde pueda”, afirmó el decano al medio.

El sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) también alzó la voz, calificando este cobro como un “estrangulamiento financiero” a Ecopetrol.

Según advierten, esta medida podría ser interpretada como una suerte de reforma tributaria unilateral que afectaría gravemente las capacidades de inversión, exploración y explotación de la empresa, desviando recursos directamente al Gobierno.

Así las cosas el impacto en la caja de Ecopetrol sería sustancial, con un efecto en cadena que podría alcanzar a sus accionistas minoritarios y a la estabilidad de la compañía en general.

Las utilidades de Ecopetrol en el primer trimestre del año alcanzaron los tres billones de pesos; sin embargo, el desembolso solicitado por la Dian equivale a más del triple de esa cantidad, dejando un panorama preocupante.

Según Zuleta, el golpe financiero “erosiona la estabilidad de la empresa y afecta tanto a los accionistas minoritarios como al Gobierno mismo, al ser este último accionista principal”.

Explicó que esta medida no solo reduce la capacidad de Ecopetrol para generar ingresos en el futuro, sino que también envía al mercado internacional una señal de inestabilidad tributaria que podría espantar a los inversores extranjeros.

La decisión de la Dian está basada en los cobros de IVA a las importaciones de gasolina realizadas por Ecopetrol y, potencialmente, a las de Acpm.

Sin embargo, Zuleta asegura que las implicaciones legales y económicas de este movimiento están siendo ampliamente cuestionadas. El académico resaltó que “el efecto sobre el mercado accionario sería dramático, deprimiría los valores de las acciones, afectando directamente la Bolsa de Valores de Colombia”.

El sindicato de la USO también advirtió que estas acciones del Gobierno podrían estar invadiendo competencias que son exclusivas del Congreso, como la creación o modificación de tributos. Este señalamiento encuentra respaldo en la opinión de Zuleta, quien sostuvo que “el Gobierno habría interpretado las normas de manera que se ajusten a sus necesidades de recaudo, sin pasar por un cambio formal en el estatuto tributario.” Si esta interpretación se solidifica, implicaría un déficit permanente en el flujo de caja de Ecopetrol, comprometiendo futuros ingresos.

Desde el ámbito jurídico, se espera que Ecopetrol adopte estrategias de defensa basadas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias previas. Según Zuleta, la compañía podría argumentar que este cobro adicional carece de sustento legal y constituye una carga tributaria arbitraria. Aunque las acciones legales no son inmediatas ni garantizan un fallo a favor de la petrolera, dejando en vilo el desenlace de esta disputa.

El impacto de esta medida va más allá de Ecopetrol y sus accionistas. Al tratarse de una empresa clave para la economía colombiana, cualquier debilitamiento en su capacidad operativa afectaría las finanzas estatales y el atractivo del país para la inversión extranjera. Zuleta concluyó que, aunque esta medida pueda mitigar temporalmente el déficit fiscal, que asciende aproximadamente a 60 billones de pesos, no resuelve el problema de fondo.

“Es imposible cubrir por completo este hueco fiscal solo con este pago; será necesario que el Gobierno recorte el gasto público de manera significativa, pese a lo complejo y políticamente costoso que puede resultar.” afirmó.