La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó ampliar la información relacionada con el régimen de condicionalidad de Jhon Faber Capera Tique, conocido como alias Dumar o Mano Trincho.
Capera Tique es un exintegrante de las Farc-Ep que enfrenta una investigación penal por presuntos delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016.
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Según reportó la Fiscalía, Capera estaría vinculado a un plan para dinamitar plataformas petroleras en el departamento de Putumayo.
De acuerdo con la Resolución SAI-AOI-T-DVL-194-2025, emitida el 2 de mayo y notificada el 7 del mismo mes, la JEP ha citado a Capera a una entrevista virtual programada para el 27 de mayo.
Durante esta sesión, el compareciente deberá detallar su rol dentro de las extintas Farc y aclarar su presunta implicación en un nuevo delito relacionado con la fabricación, tráfico y porte de armas.
Este caso se originó a partir de un informe presentado por el Batallón de Ingenieros No. 27, que identificó a Capera bajo los mencionados alias.
Capera, quien había sido beneficiado con libertad condicional en 2017 tras cumplir una condena por terrorismo, firmó en su momento el acta de régimen de condicionalidad, un compromiso clave dentro del sistema de justicia transicional.
Sin embargo, las nuevas acusaciones en su contra podrían poner en riesgo su permanencia en este sistema, diseñado para garantizar la reintegración de excombatientes y su contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
La JEP también ha ordenado a la Fiscalía proporcionar información detallada sobre dos investigaciones activas relacionadas con Capera.
Además, solicitó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) un informe sobre el cumplimiento del proceso de reintegración por parte del compareciente.
Una vez recopilada esta información, el caso será trasladado a la Procuraduría para que evalúe si Capera ha incumplido los compromisos adquiridos bajo el régimen de condicionalidad.
La captura y extradición de alias Dumar
Jhon Faber Capera Tique fue detenido el 7 de mayo de 2012 en la localidad amazónica de General Farfán, cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia, bajo la acusación de tenencia ilegal de armas.
Su captura se produjo en el marco de un operativo conjunto entre las autoridades de ambos países, y poco después fue presentado ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador.
En mayo de 2013, las autoridades colombianas solicitaron formalmente su extradición, alegando que Capera Tique, como miembro del Frente 48 de las Farc, estaba vinculado a diversos delitos, como rebelión, terrorismo, narcotráfico y secuestro.
El Frente 48, bajo su liderazgo, operaba en áreas fronterizas y tenía un historial de ataques violentos contra civiles, incluidos menores de edad y estudiantes universitarios.
A pesar de las objeciones planteadas por la defensa de Capera Tique, encabezada por el abogado Ernesto García, quien argumentó que la extradición no procedía, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador aprobó la solicitud de Colombia en 2013.
No obstante, la decisión final dependía de la autorización del presidente ecuatoriano de ese entonces, Rafael Correa, quien debía formalizar el proceso de extradición.
La Fiscalía General de Ecuador, respaldada por investigaciones exhaustivas, presentó pruebas que vinculaban a Capera Tique con una serie de crímenes cometidos durante su participación activa en el conflicto armado.
Entre las pruebas clave se incluían huellas dactilares y un análisis de reconocimiento morfológico, que confirmaban su identidad como alias Dumar. Entre los crímenes más graves que se le imputaban se encontraban:
- La toma de Teteyé en 2005, que resultó en la muerte de 22 soldados y tres más desaparecidos.
- El ataque a Curillo en 1999, en el que murieron nueve policías.
- El derribo de dos helicópteros del Ejército, como parte de las operaciones violentas del Frente 48 de las Farc bajo el mando de alias ‘Dumar’.
La decisión sobre su entrega a Colombia se desarrollaba en paralelo a los avances en los acuerdos de paz, lo que generaba tensiones entre la justicia por los crímenes cometidos y el proceso de reconciliación en curso.
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