En medio de la indignación pública que generó el caso, Fredy Castellanos, señalado como el presunto responsable de abusos sexuales contra varios menores en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá, se declaró inocente el miércoles 7 de mayo ante la justicia.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación le atribuyó los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años, por hechos que habrían ocurrido en el centro infantil donde Castellanos trabajaba. El señalado fue enviado a la cárcel La Modelo en Bogotá, mientras las autoridades avanzan en el proceso en el que se le acusa como presunto responsable de abusar sexualmente de más de tres menores de edad en un hogar infantil ubicado en el barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.
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A pesar de la gravedad de los cargos, el acusado rechazó las imputaciones y negó cualquier responsabilidad en los hechos, lo que generó más tensión entre las familias de las presuntas víctimas y organizaciones defensoras de derechos de infancia.
El caso generó gran conmoción social y una fuerte respuesta por parte de autoridades y ciudadanía. Diversos sectores exigieron celeridad en el proceso judicial y medidas urgentes para reforzar los controles en instituciones que trabajan con niños y niñas.
Por ahora, el proceso judicial continúa su curso y se espera que en los próximos días se defina si Castellanos deberá enfrentar el juicio en detención preventiva, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios.
Qué responde el Icbf
La denuncia que destapó un presunto caso de abuso sexual en el jardín infantil Canadá, en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá, dejó en evidencia preocupantes vacíos en la respuesta institucional frente a situaciones que involucran la integridad de niños y niñas. Aunque los hechos habrían sido conocidos por algunos funcionarios desde el 28 de abril, solo una semana después, durante una reunión de padres que se llevó a cabo el 5 de mayo, se alzó la voz de forma pública.
Fue una madre quien decidió romper el silencio en medio del encuentro, relatando con dolor que su hija de tres años habría sido víctima de abuso sexual en la institución administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Con impotencia, denunció la falta de acción y empatía del personal: “¿Cómo es posible que se les comente lo que le está pasando a mi hija y me digan ‘es que es un caso confuso’? ¡Es mi hija la que fue víctima de ese hij…!”
Este testimonio motivó a otros padres a hablar. A partir de ese momento comenzaron a surgir nuevas denuncias, generando la intervención inmediata de las autoridades. Sin embargo, el trabajador señalado fue liberado pocas horas después de su detención, ya que no existía una orden de captura ni un proceso judicial formal.
El caso está siendo investigado por un fiscal especializado en delitos sexuales, que ya trabaja en la recolección de pruebas para emitir una orden de captura. La directora del Icbf, Astrid Cáceres, reaccionó anunciando medidas urgentes al declarar que, “Vamos a unificar la actuación y establecer pruebas de rasgos de personalidad, que pueden ayudar a identificar alertas en los procesos de selección.”
También aseguró que se dará prioridad a la contratación de personal femenino en roles de cuidado directo de menores, se diseñará un plan para permitir el acceso progresivo de los padres a las cámaras de seguridad, y se activarán comités de control social junto a espacios de diálogo con las familias y los propios niños.
El jardín involucrado, Hogar Infantil Canadá, es operado por la Asociación Parque Canadá, una entidad contratada por el Icbf para prestar servicios de atención a la primera infancia. La comunidad pide justicia, transparencia y una revisión profunda de los protocolos que deben proteger a los menores en espacios institucionales.
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