Critican desequilibrio en debates en el Congreso sobre impuestos al uso de vapeadores en Colombia

Las organizaciones civiles Fundación Anáas y Red PaPaz expresaron su preocupación por la falta de equilibrio en la mesa técnica convocada en el Congreso de Colombia para discutir dos proyectos de ley que buscan actualizar el impuesto al consumo de tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Según estas, la composición de este espacio de análisis favorece a las empresas productoras de estos productos, mientras excluye a actores clave como el Ministerio de Hacienda y organizaciones independientes de la financiación de la industria del tabaco, con la autoridad científica en asuntos de salud pública y fiscal para expresar posiciones sin conflicto de interés.

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De acuerdo con las críticas de Anáas y Red PaPaz, en la mesa técnica participan representantes de compañías como British American Tobacco (BAT), Philip Morris, Glu Cloud, Relx, y asociaciones como la World Vapers’ Alliance, Alterpro y Asovape, todas vinculadas a la industria del tabaco. Sin embargo, las organizaciones civiles señalan que no se ha incluido a entidades independientes que puedan aportar perspectivas sin conflictos de interés. Las agrupaciones afirman que esta situación representa una “clarísima interferencia” de la industria tabacalera en el diseño de políticas públicas destinadas al control del tabaco.

El proyecto de ley en cuestión, que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes en febrero de 2025, aún debe superar dos debates más en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado para convertirse en ley. Entre tanto, la red y la fundación advirtieron que la participación de las empresas tabacaleras en la discusión de estas normativas contraviene las disposiciones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado por Colombia por medio de las leyes 1335 de 2009 y 2354 de 2024. Este convenio establece que los Estados deben proteger sus políticas de control del tabaco de los intereses de la industria tabacalera y evitar cualquier colaboración con esta en la redacción de normativas relacionadas.

En el contexto de esta discusión, Anáas y Red PaPaz destacaron que la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco en Colombia es de 17 años, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y el Ministerio de Justicia.

Además, más de un tercio de la población colombiana, equivalente a más de 16 millones de personas, ha consumido productos de tabaco al menos una vez en su vida. De este total, aproximadamente 1,1 millones han utilizado cigarrillos electrónicos o vapeadores, los cuales suelen ser promocionados como menos perjudiciales, aunque no existe evidencia científica que respalde esta afirmación.

Las organizaciones civiles también destacaron que la versión actual del proyecto de ley establece niveles de tarifas que podrían generar beneficios significativos para la salud pública y que son sostenibles desde el punto de vista fiscal. Por ello, hicieron un llamado a no retroceder en los avances logrados en los debates previos y a garantizar que las decisiones legislativas se tomen sin la influencia de intereses privados.

Finalmente, Anáas y Red PaPaz reiteraron la importancia de que el Congreso cumpla con su responsabilidad de diseñar y aplicar políticas de control del tabaco que estén alineadas con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.

En ese sentido, añadieron que “en virtud de este Convenio Marco es responsabilidad del Congreso, como una de las ramas del poder público en Colombia, establecer y aplicar las políticas de control del tabaco y de proteger dichas políticas contra los intereses de la industria tabacalera”.