Comunidades indígenas del Valle del Cauca anunciaron una protesta en la vía a Buenaventura, específicamente en el sector de La Guinea, como respuesta a lo que consideran una falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y la Minga Indígena Nacional.
Según un comunicado emitido por los organizadores, los diálogos sostenidos con algunas entidades gubernamentales en Bogotá llevados a cabo el 2 de mayo fueron catalogados como “dilatorios”, lo que ha llevado a las comunidades a tomar esta medida de presión.
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“Reiteramos nuestro Compromiso y Respaldo a la Minga Nacional convocado por el movimiento indígena colombiano, hemos sido participes de los avances de la Minga Nacional en la ciudad de Bogotá, sin embargo, los diálogos han sido dilatorios por parte de algunas entidades del Gobierno, razones por lo cual la minga continua esta vez más fuerte y desde nuestros territorios del Valle del Cauca”, dice el comunicado emitido por la minga indígena nacional.
De acuerdo con el comunicado, la protesta contará con la participación de la guardia indígena y miembros de las comunidades de 27 municipios del Valle del Cauca.
Los organizadores señalron que permanecerán en un “punto de resistencia” en La Guinea hasta que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en desarrollo de las peticiones de la minga nacional.
Además, responsabilizaron a las entidades gubernamentales por cualquier daño o afectación que pueda surgir durante el desarrollo de esta movilización.
En el texto difundido, las comunidades indígenas reiteraron su respaldo a la minga indígena nacional, un movimiento que busca defender la vida, el territorio, la paz y la justicia social.
Así mismo, exigieron al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que asuman su responsabilidad frente a la situación y garanticen el respeto a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
Según el comunicado, las comunidades consideran que las garantías constitucionales son fundamentales para el ejercicio de sus derechos y para evitar la vulneración de los mismos.
Los líderes de la protesta también convocaron a organismos de control como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, y a entidades defensoras de derechos humanos, incluyendo la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU, para que acompañen y supervisen el desarrollo de la protesta.
Según el comunicado, estas entidades deben garantizar que los derechos de las comunidades indígenas sean respetados y que no se produzcan abusos durante la movilización.
“EXIGIMOS, al Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, a la Vicepresidenta Francia Elena Márquez M, que den frente a lo sucedido y nos brinden las garantías Constitucionales”, dice el documento.
El comunicado, titulado Minga Indígena Nacional por la Vida, el Territorio, la Paz y la Justicia Social, resalta que las comunidades han sido parte activa de los diálogos en Bogotá, pero que la falta de avances concretos llevó a la decisión de continuar la minga desde sus territorios.
Los organizadores enfatizaron que esta movilización busca fortalecer la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y exigir el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno nacional.
En el documento, las comunidades también señalaron que la protesta no solo busca visibilizar la falta de cumplimiento de los acuerdos, sino denunciar la vulneración de derechos que, según afirman, han sufrido los pueblos indígenas en Colombia. Así mismo, hicieron un llamado a la opinión pública regional y nacional para que se solidarice con su causa y comprenda las razones detrás de esta movilización.
La protesta en La Guinea se da en medio de un contexto más amplio de movilizaciones indígenas en el país, donde las comunidades han venido exigiendo históricamente el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el Gobierno.
Según los organizadores, esta nueva acción busca presionar a las autoridades para que cumplan con sus compromisos y garanticen condiciones de vida dignas para las comunidades indígenas del Valle del Cauca y del resto del país.
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