La Unión Sindical Obrera (USO) manifestó su preocupación por la reciente decisión que tomó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) contra Ecopetrol al exigirle el pago de $9,4 billones por concepto de IVA (impuesto al valor agregado) sobre la gasolina que importó la empresa en el periodo comprendido entre 2022 y 2024 para abastecer las necesidades internas del país.
Por medio de un video, el presidente del sindicato, César Loza, explicó que para hacer efectiva esta decisión, la entidad interpretó de forma unilateral un concepto interno, con lo que pretende generar una nueva doctrina tributaria, y con lo que desconoce las facultades que tiene el Congreso de la República.
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“Hoy cobran el IVA a la gasolina importada. Si esta tacada le sale a la Dian, seguramente que va a extender este impuesto, este IVA a la importación de diésel o Acpm, lo cual conllevaría a que Ecopetrol le tenga que desembolsar, aproximadamente, $21 billones”, precisó el dirigente.

Insistió el dirigente que, de esta manera, “la Dian implementa una reforma tributaria contra Ecopetrol que podría poner en riesgo su plan de inversiones en el negocio tradicional del petróleo y el gas, que tanto lo requerimos para garantizar la autosuficiencia energética del país”.
Quiénes serán los afectados
Además, que afectaría los planes de inversión en transición energética, las obligaciones con firmas, contratistas, con proveedores, el pago de los salarios de los trabajadores tercerizados y directos de Ecopetrol y, de igual forma, afectaría la responsabilidad que tiene Ecopetrol de cumplir con su endeudamiento.
Loza dijo que, ante esto, la USO conminó a la Dian a reconsiderar esta decisión.
De igual forma, le solicitó a Ecopetrol interponer todas las acciones jurídicas para evitar este impacto negativo sobre las finanzas de la empresa más importante que tienen los colombianos.
Gobierno exige efectivo a Ecopetrol
A esto se suma que, a inicios de año, el área de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá publicó un informe en el que alertó que la Nación estaba ejecutando estrategias para afrontar una posible crisis de caja. En aquella ocasión, la advertencia provino de la expedición del Decreto 1593 de 2024 en el que la Nación aumentó el cupo de emisión de deuda por medio de títulos de deuda (TES) de corto plazo hasta $57 billones, un máximo histórico.

Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) el cupo es de 3,2% cuando en la historia reciente solía oscilar entre 1,3% y 2,3%, lo que dio dimensión de la magnitud de problema de caja que el Gobierno alcanzó a prever para 2025 en un escenario adverso.
Desde entonces, los riesgos de caja se materializaron. En los ingresos, si bien el recaudo bruto del primer bimestre fue de $49,4 billones, un 6,0% más que en 2024, el recaudo neto, aquel que excluye las devoluciones que realiza la Dian a los contribuyentes, fue de $43,9 billones, apenas 2,6% más que un año atrás.
Así, mientras el crecimiento anual del recaudo bruto se encuentra lejos del objetivo trazado en el Plan Financiero de 21% anual para todo 2025, las devoluciones han sido elevadas, lo que dio como resultado un ingreso neto bajísimo. Es más, los gastos totales aumentaron 23.8% anual, resultando en un bajo nivel de caja y la necesidad de acelerar la emisión de deuda como mecanismo de consecución de recursos.

En medio las altas afugias de la Nación por conseguir liquidez y honrar sus pagos, el Gobierno implementó varias estrategias. Dentro de estas se ha destacado:
- Colocación, en apenas tres meses, de $14,4 billones de TES directamente a entidades públicas cuando entre 2011 y 2024 para esta fecha la emisión era de $4,4 billones.
- Emisión de bonos globales por USD3.800 millones.
- La solicitud al Banco de la República de transferir la totalidad de las utilidades de 2024 por $10 billones en efectivo.
- La petición a Ecopetrol de girar el pago de dividendos por $7,7 billones en efectivo.
“Este último mecanismo fue llamativo en la medida que el Gobierno le adeuda a Ecopetrol $7,7 billones por el saldo del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) de 2024. Así, mientras varios analistas esperaban que la Nación cruzara cuentas con Ecopetrol, entidad que preside Ricardo Roa, y quedar en ceros, la realidad fue que la Nación pidió el giro de $7,7 billones antes de julio y que, momento después, analizaría la forma de pago del Fepc”, precisó IE del Banco de Bogotá.
La entidad precisó que, para 2025, si bien se alcanzó a prever que el pago del Gobierno a Ecopetrol del Fepc se haría con emisión de TES a largo plazo, como pasó en 2024, la realidad fue que la Nación empezó a utilizar el cupo TCO para este fin. En efecto, el Ministerio de Hacienda hizo el pago total del saldo del Fepc por $7,7 billones mediante colocación de TCO, algo completamente sorpresivo para el mercado.
“La sorpresa radicó en que, gracias a la poca liquidez en las negociaciones diarias de este tipo de referencias, la caja de Ecopetrol terminó siendo la más afectada ya que transformar estos papeles a liquidez (efectivo) tendría un costo alto en el mercado”, explicó el banco.

En ese sentido, dice la entidad bancaria que “se puede deducir que la Nación está transmitiendo sus problemas de caja a Ecopetrol”.
Es más, según cálculos de IE, el pago a Ecopetrol fue equivalente a 16 operaciones de emisión de TCO de forma transparente con el mercado vía subastas, suponiendo la activación de cláusulas de sobre adjudicación. Es decir, en un día el Gobierno emitió los TCO equivalentes a 16 semanas de subastas (cuatro meses). Antes de la operación, en todas las subastas se activó la cláusula de sobre adjudicación de un 50% adicional al monto inicial a subastar.
Después del pago a Ecopetrol, apenas en el 42% de las operaciones se activó dicha cláusula, lo que sugirió que este mercado, similar al de TES largo plazo, empezó a saturarse por la alta oferta. Claro, al mismo tiempo también se presentó un ajuste de expectativas de tasa de interés, que en últimas se originó en el tema fiscal.
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