Camioneros exigen que se desmonte el fondo de seguridad: 22 conductores fueron asesinados durante el Gobierno Petro

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) manifestó su preocupación por la creciente violencia que afecta al gremio, destacando que 22 conductores han sido asesinados durante el actual mandato presidencial, incluidos cuatro casos ocurridos en los últimos tres meses.

En una carta fechada el 5 de mayo de 2025 y dirigida al presidente Gustavo Petro, la organización exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los transportadores, incluyendo la eliminación del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), una audiencia con el mandatario y la implementación de recompensas para capturar a los responsables de estos crímenes. De acuerdo con el comunicado, “este alarmante panorama ha sido enfrentado con total indiferencia por parte del Estado, en especial por los ministerios de Transporte, Defensa e Interior”, generando un clima de impunidad y abandono institucional.

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De acuerdo con el presidentes de la ACC, Alfonso Medrano Solano, los transportadores han estado pagando un incremento en el peaje destinado al Fosevi, que pasó de $200 a $500, con el objetivo de financiar medidas de seguridad vial. Sin embargo, el gremio denuncia que estos recursos no han sido utilizados de manera efectiva, ya que no se han adquirido vehículos blindados, motocicletas ni otras herramientas necesarias para proteger a los conductores y usuarios de las carreteras. La asociación cuestionó el destino de estos fondos y señala que no se han observado mejoras tangibles en las condiciones de seguridad, lo que pone en duda la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.

De igual modo, el comunicado también critica la asignación de recursos a proyectos como los Viit’s (Vehículos de Inspección, Información y Tecnología), los cuales, según la ACC, no cuentan con el respaldo ni el conocimiento del gremio. Mientras tanto, las familias de los conductores asesinados, así como los propietarios de camiones hurtados o incinerados, no han recibido ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte del Estado. La asociación subraya que no se han ofrecido recompensas para capturar a los responsables de los crímenes ni se han desmantelado las estructuras criminales que operan en las vías del país.

En su carta, la ACC plantea una serie de solicitudes específicas al Gobierno. Entre ellas, destaca la eliminación inmediata del cobro al Fosevi, argumentando que no existen resultados verificables ni mecanismos de participación para supervisar el uso de los recursos. Además, solicitaron la apertura de una audiencia oficial con el presidente Petro para discutir las garantías de seguridad para el gremio y los apoyos destinados a las víctimas, viudas y huérfanos. También proponen establecer recompensas significativas para quienes brinden información que permita la captura y judicialización de los responsables de los asesinatos, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en las carreteras.

Otra de las demandas incluye una investigación exhaustiva sobre el destino de los recursos del Fosevi y el proyecto Viit’s, con el fin de esclarecer posibles irregularidades. Asimismo, la ACC solicitó el diseño de un plan integral de apoyo para las familias de los conductores asesinados, como una medida mínima de justicia y reparación. Finalmente, exigen una respuesta escrita formal por parte del Gobierno nacional, en la que se detallen los compromisos específicos frente a la situación planteada.

La carta concluye con un llamado urgente al presidente Petro: “Los camioneros de Colombia no pueden seguir siendo víctimas silenciosas, reclamamos justicia, acciones concretas un compromiso real del Estado con la vida y la dignidad de quienes movilizamos el país”. Según la ACC, la falta de medidas efectivas no solo afecta al gremio, también pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de las vías en el territorio colombiano.