Una demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia busca la pérdida de investidura de casi la totalidad de los 146 ediles de Medellín, argumentando presuntos incumplimientos en sus funciones.
Según el documento conocido por El Colombiano, la acción judicial fue radicada el pasado lunes 28 de abril y afecta a todas las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL) de la ciudad, sin excepción.
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La acusación señala que los ediles habrían incumplido con sus deberes al no debatir ni aprobar los acuerdos locales necesarios para consolidar los planes de desarrollo de las comunas y corregimientos en 2024, ni los planes de inversión para 2025.
El abogado Ramiro Albeiro Sánchez, representante de los cuatro ciudadanos que interpusieron la demanda, explicó que las pruebas presentadas se basan en respuestas a derechos de petición enviados tanto a la administración distrital como a las JAL.
Según Sánchez, los ediles habrían “desviado y evadido las funciones y responsabilidades inherentes a sus cargos”. El Tribunal tiene un plazo de 45 días para emitir un fallo en primera instancia, aunque se prevé que el caso podría escalar a una segunda instancia en caso de apelación.
“Son tres pretenciones. Primero, pérdida de investidura por actos de corrupción e incumplimiento sistemático de las funciones propias inherentes que son a su cargo; segundo, quitarle inmediatamente la credencial que le fue expedida. Tercero, compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para lo de su competencia”, expresó el abogado Ramiro Sánchez en diálogo con el medio digital Clickgracia.
En contraste, los ediles han defendido su labor, argumentando que cumplen con múltiples responsabilidades que, según ellos, son comparables a las de un concejal, pero a nivel comunal.
Maximiliano Navarro, presidente de Asoediles y edil de la comuna 11 (Laureles-Estadio), destacó a El Colombiano que entre sus funciones se encuentra la construcción de acuerdos locales y planes de desarrollo, además de la realización de audiencias públicas de control político y la promoción de la participación ciudadana en la priorización de recursos del Presupuesto Participativo. Esta última tarea, según Navarro, les fue restituida recientemente tras un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Paralelamente, los ediles han expresado su preocupación por los retrasos en la entrega de un bono mensual de transporte que la Alcaldía de Medellín les otorga a través de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Este bono, que asciende a 400.000 pesos, no es un beneficio obligatorio por ley, pero ha sido entregado de manera discrecional desde el año pasado. Según un comunicado emitido por Asoediles el 24 de abril, el Distrito no ha proporcionado claridad sobre la falta de entrega del bono en 2025, lo que ha generado tensiones entre los ediles y la administración municipal.
Navarro explicó que el bono es fundamental para el desempeño de sus funciones, ya que les permite cubrir gastos de transporte. Sin embargo, algunos ediles lo utilizan para adquirir alimentos. Este incentivo complementa los honorarios mensuales de aproximadamente 1 millón de pesos, que dependen de la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las JAL.
Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana de Medellín, Camilo Andrés Cano, aseguró que el Distrito cumple con los beneficios legales establecidos para los ediles, como el pago de honorarios, seguridad social, pólizas de vida y la celebración del Día de las JAL.
En cuanto al bono de transporte, Cano señaló que su implementación depende de los tiempos administrativos y contractuales de la Alcaldía, y anunció que la entrega comenzará la próxima semana. Además, destacó que los ediles reciben otros apoyos, como el pago de servicios de telefonía celular, dotación de equipos de oficina, servicios públicos en las sedes de las JAL y asesorías técnicas.
La controversia en torno a los ediles de Medellín pone en evidencia las tensiones entre las JAL y la administración distrital, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia evalúa si procede la pérdida de investidura de los representantes locales.
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